El incidente en la comunidad de La 80, en el sector San José de Paraguachón, dónde un niño de cuatro años y un adulto resultaron heridos por perdigones del Ejercito Nacional Bolivariano (ENB), se convirtió en el caso 43 de violación de Derechos Humanos registrado por el Comité de la materia en la Guajira.
Según, José Marín, coordinador de Defensa y Asuntos Legales de la organización, el retardo procesal, la no actuación de la justicia y la impunidad se hacen notar en al menos 19 transgresiones denunciadas ante el Ministerio Público, “la justicia no debe aplicarse por negociaciones. Debe cumplirse el proceso para que no impere la impunidad”.
En tal sentido, la Asamblea Nacional (AN) ha tomado cartas en el asunto para investigar los agravios cometidos por el Distrito Militar Nº1, que desde 2010 por mandato de Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, se instaló con el objetivo de atender la emergencia por la inundación, y más tarde para contrarrestar el tráfico ilícito de combustible y alimentos.
La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad recibió a familiares y victimas quienes anhelan sean esclarecidos los casos y apresados los responsables de los crímenes. Destacan: Betty Polanco, sobrina de Daniel Cambar, Arnoldo González y Luzmila Fernández, agraviados por allanamiento y tortura, Deisis González, madre de Yohander, y Ángela Fernández, esposa del policía regional asesinado en una emboscada.
Edgar Zambrano, presidente de la Comisión, detalló que por petición de Virgilio Ferrer, diputado indígena, se elevó a tema de interés nacional los asesinatos wayuu cometidos por efectivos militares, la tortura de 19 personas y la detención de 600 más acusados de bachaquero, “esta comisión ha recibido al pueblo wayuu para ser escuchados y enriquecer el informe que presentaremos en plenaria luego que hagamos el proceso de investigación necesario acorde a las condiciones que se presentan por tratarse de un pueblo indígena y su violación de los derechos fundamentales”.
El llamado
Tanto Hebért Chacón, alcalde de la Guajira, como Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Zulia, fueron llamados por el Parlamento Nacional para exponer las acciones que sus gobiernos han tomado al respecto; ninguno asistió a la comparecencia.
La declaratoria del Estado de Excepción en 2015 acentuó las violaciones, según el Comité de Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ), quienes en un informe titulado “Guajira: obstáculos al derecho a la asociación indígena wayuu bajo el Distrito Militar 01”, perfilan el abuso de poder de las Fuerzas Armadas como la principal causa de los sucesos.
ABOLICIÓN DEL DISTRITO MILITAR
La noche antes de la sesión de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, familiares y victimas presenciaron una reunión sostenida por Hebért Chacón, alcalde de la Guajira, miembros del Gobierno, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, quién abolió el Distrito Militar considerándolo “inoperante”. Aunque no ha sido publicado en Gaceta Oficial, la decisión eliminó ocho puntos de control, estableció una comisión cívico militar de evaluación, designó un fiscal militar para investigar los casos y promueve un plan de formación en materia de derechos indígenas a los miembros castrenses acantonados en la zona, sin embargo la acción más notoria ha sido la ausencia de colas en la Troncal del Caribe.
LO QUE SE RUMORA
Según fuentes de las comitivas de Derechos Humanos de la Guajira y del estado Zulia las FANB solicitó una reunión con familiares y victimas para establecer una negociación, se rumora la indemnización de los asesinados a cambio de detener las denuncias y el proceso judicial que desprestigia la institución castrense.
LA SESIÓN
“Yo no voy a permitir que la historia me cobre no haber hecho nada por mis hermanos. Desde hace rato que la Asamblea Nacional sabía de estos casos y nunca hicieron nada ni se pronunciaron. ¿Dónde está la Fiscalía que no ha dado respuesta a las denuncias? Se puede presumir que se están encubriendo unos con otros para no dejar el negocio”.
Virgilio Ferrer
Diputado indígena (MUD)
“La bancada oficialista está de acuerdo con que se investigue lo ocurrido, pero no permitiremos que se vuelva una bandera política el dolor de los familiares y las victimas. Nos hemos reunido con el Ministro de Defensa para establecer una mesa de trabajo conjunta, por lo que se tomó la decisión de eliminar el Distrito Militar por ser inoperante”
Yosmary Fernández
Diputada suplente (PSUV)
“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no puede verse inmiscuida en casos como estos. La designación de un fiscal militar no puede ir por encima de la designación de un fiscal civil, encargado de hacer justicia. Luego la milicia dará de baja a quién tenga que dársela y subsanar el daño cometido”.
Gilberto Pinto
Diputado (PSUV)
“Cómo es que un ministro de Defensa elimina de un plumazo un Distrito Militar, presentado con unos objetivos maravillosos, sin tan siquiera pedir cuentas, saber en qué se gastaron los reales y a dónde se fueron los recursos. Qué cree él que con decir ‘lo elimino’ se soluciona el problema y da justicia a las víctimas”.
Dianela Parra
Diputada suplente (MUD)
EL RESUELTO
A 12 años, dos meses y nueve horas fue condenado Ángel Enrique Bracho Martínez, militar acusado de los delitos de homicidio calificado, uso indebido de armas de reglamento, quebrantamiento de convenciones y tratados internacionales y omisión de socorro en contra de Nelsón Enrique González (31), quién falleció por un impacto de AK-103 en el sector Laguna de Pájaro, en la localidad wayuu. Sin embargo, existe un recurso de apelación que busca aumentar el tiempo de condena al considerarlo “muy poco por los cargos imputados”.
Andrés Boscán
