Así lo revela un nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en Brasil.
La discriminación estructural y el escenario de extrema desigualdad social que aún presenta Brasil continúa afectando a los pueblos indígenas y comunidades quilombolas de este país.
Un nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que estos grupos aún no han logrado obtener el derecho a vivir en sus tierras ancestrales.
Esto, pese a que ese es un derecho reconocido en la Constitución brasileña, sostiene el informe de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Brasil.
Un país extremadamente desigual
Según el informe, la situación de extrema desigualdad social que persiste en Brasil está basada en la discriminación estructural contra personas de los grupos más vulnerables.
Así, se advierte que son afectadas principalmente personas afrodescendientes e indígenas, así como comunidades quilombolas, campesinos y trabajadores rurales.
También observan el impacto de esta desigualdad en personas que viven en la pobreza o en situación de calle, mujeres y personas LGBTI.
Todo ello, como resultado de una “exclusión histórica” debido a la concentración de la riqueza y la discriminación basada en aspectos como la raza, el origen social, entre otros.
Grupos indígenas impactados
El documento también sostiene que la discriminación estructural en Brasil está intrínsecamente vinculada con la exclusión social y el acceso a la tierra.
En ese sentido, llama la atención sobre la particular situación de vulnerabilidad en la que continúan viviendo los pueblos indígenas y comunidades quilombolas.
Esto, debido a que su derecho a vivir en sus tierras ancestrales no está siendo respetado.
“Los obstáculos a la garantía del derecho a la tierra, en ambos casos, se ha combinado a crecientes conflictos agrarios y a proyectos de desarrollo, ejecutados sin consulta previa”, indican.
Sobre este grupo, añaden que “continúan experimentando e inclusión económica precaria y acceso limitado a servicios públicos como la vivienda”.
Y que siguen sufriendo “estigmatizaciones y exclusiones sistemáticas por la necesidad de migrar, de manera forzosa, a lugares que presenten más oportunidades para sus vidas”.
Esta situación los expone a organizaciones criminales como milicias o grupos narcotraficantes, así como a aquellos dedicados a la trata de persona y otras formas de esclavitud, advierten.
Recomendaciones
Frente a ello, la CIDH recomienda al Estado de Brasil establecer una política fiscal que pueda contribuir a la redistribución de la riqueza para la disminución de brechas de desigualdad.
Además, le sugiere desarrollar sistemas estatales para la recolección de datos precisos y desagregados sobre la situación de derechos humanos de los grupos más vulnerables, entre ellos los indígenas.
Esto, con el fin de implementar leyes a su favor y actualizar los registros de las instituciones que ofrecen servicios en salud, educación, trabajo, justicia y protección social, entre otros.
En relación al grupo de indígenas, la CIDH también le recomienda al Estado brasileño incorporar un enfoque intercultural en sus políticas públicas de desarrollo.
Esto significa que implique el reconocimiento e incorporación de prioridades y planes de desarrollo económico y social adaptados por los pueblos indígenas en sus territorios.
Además, la Comisión Interamericana plantea la necesidad de adoptar medidas para lograr el cumplimiento real del derecho a la consulta previa.
Y que se revise la normativa relacionada a con la autorización de licencias ambientales, para asegurar que el Estado cumpla con su obligación de consultar con los pueblos.
Por: Servindi
