La interrupción violenta de la vida significa para un indígena dañar la red de vida, un escenario en el cual se entretejen la cultura, el pensamiento indígena, el territorio y el gobierno propio, es decir, alterar todo lo conocido. Por eso el conflicto armado tuvo implicaciones más allá de lo físico y por eso la reparación debe ir también hacia lo espiritual. Esta es una de las conclusiones del informe sobre pueblos indígenas que están construyendo el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y que se espera sea publicado el próximo año.
Diana Quigua, investigadora para este informe y mujer indígena del pueblo cubeo del Vaupés, explica cómo se construyó el documento y algunos de los hallazgos. Con el informe, que está en proceso de revisión por parte de otros expertos, se pretende demostrar la sistematicidad y la continuidad de las violencias ejercidas contra los pueblos indígenas.
¿Cómo se ha construido el informe?
Este proceso viene caminando desde el año pasado. Trabajamos con alrededor de 60 pueblos, priorizando la participación de los que están reconocidos por la Corte Constitucional (36) como pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural. En algunas jornadas de recolección de información usamos la metodología de los círculos de la palabra, por ejemplo, en la región Macronorte, con los pueblos kankuamo, wiwa y arhuaco, también en la Macroorinoquia, y se alcanzó a recoger información del Amazonas.
¿Qué narra?
El informe primero intenta explicar el origen de la situación humanitaria que viven los pueblos indígenas en Colombia. Encontramos que el proceso de exterminio físico y cultural tiene origen en la colonización. A partir de ahí empieza una serie de procesos históricos en los cuales intervienen una clase política que empieza a construir un Estado sin contemplar ni incluir a los pueblos indígenas y una alianza con un sistema jurídico que soporta una serie de normas racistas, que es excluyente y criminaliza el actuar de los pueblos indígenas en Colombia. Pero además se apoya en un sistema económico que sustenta su progreso a partir del deterioro de los territorios indígenas con empresas extractivas y estrategias económicas concretas que se orientan a desconocer los derechos ganados por los pueblos indígenas. A esto lo llamamos el período de larga duración.
Entonces, ¿dónde queda el conflicto armado?
A diferencia de la construcción de otros relatos, nosotros encontramos que la época del conflicto armado no es el punto de partida para explicar este proceso de exterminio físico y cultural, sino un momento que lo exacerbó y causó unos impactos graves.
Pero ¿contarán las verdades de los pueblos sobre el conflicto?
La verdad es lo principal. Se ha hecho un diálogo, por ejemplo, con el pueblo kankuamo (Sierra Nevada de Santa Marta), que ha sido víctima de un genocidio. Hay muchas versiones sobre los orígenes de la violencia que se ejerció contra ellos en el período del conflicto armado, que los llevó casi al exterminio total, y tuvieron que utilizar muchas estrategias para pervivir y continuar con sus prácticas culturales. Ellos han sido muy insistentes en que se busquen los mecanismos para que puedan acceder a la verdad de lo que les sucedió. También está el caso específico de los awá (Nariño), que tuvieron y siguen teniendo una situación humanitaria muy grave. Ellos fueron víctimas de diversos grupos armados y tienen la posibilidad de exigir verdad porque están priorizados por la JEP.
¿Cómo fue el acercamiento con los pueblos indígenas?
Hemos insistido en la importancia de los silencios y de respetar las decisiones de cada pueblo. Nos hemos encontrado con mujeres de varios pueblos del Amazonas que nos han comunicado que ellas todavía no se encuentran preparadas para “abrir el canasto” y contar todo lo que les pasó en el período del conflicto armado. El sistema de justicia transicional tiene que contemplar esos momentos de los pueblos indígenas para abrirse y construir su propio relato histórico y su memoria. El informe pretende evidenciar las particularidades de cada pueblo para poder ser parte de la construcción de la memoria del país y tener en cuenta que estas condiciones específicas tendrían que ser parte de la construcción de contextos, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP. Además tiene un valor importante en la construcción de las medidas de reparación.
¿Cómo serviría para lograr la reparación de las víctimas indígenas?
Identificando y caracterizando estos hallazgos y lo que significaron los hechos en el marco del conflicto armado se pueden tomar medidas que respondan a esto. Encontramos, por ejemplo, que las categorías que están en el decreto 4633 (sobre víctimas indígenas) no son suficientes para explicar los impactos a nivel espiritual, territorial y cultural. Hay elementos que tienen que volverse a equilibrar o reparar. La espiritualidad debe ser un enfoque central en esa restauración, y eso no se ha trabajado nunca. También se tiene que ampliar la definición del territorio como víctima. Todavía es muy incipiente.
¿Qué significó la violencia para los pueblos indígenas?
Es importante centralizar el tema de las interrupciones a la vida como un elemento que no solo afecta lo territorial, a las comunidades, sino que es la interrupción a la red de vida, un escenario en el cual se entretejen la cultura, el pensamiento indígena, el territorio y el gobierno propio. En ese sentido es importante dar cuenta de lo que las afectaciones hacen a la red vital. Otro elemento importante ha sido darle una mayor relevancia al tema de la “mala muerte”, entendida como esas formas violentas en que se están muriendo los pueblos indígenas. Esto termina fracturando la forma en que tienen que darse los procesos en la red vital, que es transitar hacia la muerte, y cómo la concepción de la muerte se ha desdibujado por la violencia.
En acciones concretas, ¿esto cómo ha afectado la cultura indígena?
Empiezan a cambiar ritualidades y a demandar otras para sanar escenarios donde se da la “mala muerte”. En los lugares donde se muere una persona tienen que hacerse unos rituales específicos, y en el conflicto armado, por tiempo y por seguridad, no se podían hacer, entonces los territorios quedan alterados. Las medidas de reparación deben contemplar esos escenarios. Pero han resistido. Ese es el segundo punto al que ha querido dársele importancia: la construcción del movimiento indígena como respuesta a este proceso histórico de exterminio físico y cultural. Además de lo que se puede denominar resistencia, vamos a las lecciones aprendidas que ha tenido el movimiento indígena para la construcción de la paz.
¿Cómo aparecerán las mujeres en el informe?
Mi principal interés es visibilizar no solo las afectaciones de las mujeres indígenas, que han sido reconocidas por la Corte Constitucional y la CIDH, sino también las apuestas que han tenido y los nuevos roles que han asumido como parte de la lucha y en el movimiento indígena. Hoy las mujeres indígenas están asumiendo roles en lo que se puede llamar lo público: la política, la academia. Tenemos mujeres indígenas magistradas, abogadas, antropólogas, científicas, comisionadas de la verdad, todo eso ha sido un proceso de dialogar de una forma diferente.
¿Este informe le daría luces al sistema de justicia transicional para acercarse a los pueblos indígenas?
Sí, esa es la apuesta. No se podría homogeneizar a todos los pueblos. Cada uno tiene su momento para poder contarlo. Nosotras hemos tratado de ser respetuosas con eso en el informe, por eso hablamos de la importancia de los silencios, porque en algunos pueblos todavía tienen una decisión política de no hablar, pues no se sienten preparados.
Fuente: https://colombia2020.elespectador.com/verdad-y-memoria/la-espiritualidad-es-central-para-reparar-las-victimas-indigenas.
