Justo después de la audiencia que fijó 31 latigazos a cada uno de los ocho presuntos disidentes y que en el polideportivo de Tacueyó fueron juzgados con condenas de aislamiento de entre 13 y 20 años, cerca de allí, por el camino de trocha que separa a la vereda El Boquerón, hombres armados entraron a una vivienda.
Buscaban a un indígena que pudo huir hasta encontrar un refugio. Temía que lo asesinaran.
Esta es la zona del nortecaucano donde gran parte de los más de 400 indígenas nasas se mantienen confinados en sus hogares, así como otros campesinos, por temor a los combates que vienen sosteniendo hombres armados de la banda ‘Los pelusos’, una fuerza aliada con el Epl, y disidentes de las Farc.
De hecho, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) denunció esta persecución contra el indígena, atribuyéndola a la disidencia ‘Dagoberto Ramos’ de las Farc.
Pero en el suroccidente, en Valle, Cauca y Nariño, más de 424.000 indígenas están en medio de la disputa territorial por los corredores y rutas de la comercialización de la droga, especialmente, en Cauca y Nariño, donde solo en los últimos dos meses más de 400 nativos se han desplazado por acciones en las que intervienen antiguos paramilitares y narcotraficantes del llamado ‘Clan del golfo’.
La Acin también denunció amenazas como las que recibieron los gobernadores del resguardo Huellas, Edwin Dagua Dipia, y del resguardo de Tacueyó, en Toribío, Rubén Orley Velasco, hasta que fueron asesinados. Dagua, el 7 de diciembre pasado y Velasco, el 13 de enero de 2019. En el último año se reportó la muerte de una veintena de nasas.
La Acin ha reportado un listado de más de un centenar de nativos amenazados.
“Al parecer las últimas son en retaliación por la captura y posterior aplicación a los ocho detenidos en el sector El Boquerón, quienes harían parte de la misma disidencia Dagoberto Ramos”, indicó la Acin.
En la noche del pasado miércoles de este juicio circuló un panfleto del supuesto ‘Comando ventral de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia’, “en el que se enumeran una serie de prohibiciones al tránsito y a la libertad de comuneros en Toribío, Tacueyó, Corinto y Jambaló”.
En esa amenaza “prometen la muerte a otros actores causantes de desarmonía, atribuyéndose sin ningún derecho el ejercicio de justicia en nuestros territorios, bajo sus propios métodos”.
Según cifras dadas por Mauricio Capaz, coordinador de la Acin, el número de personas asesinadas en territorio indígena en el norte del Cauca, entre nativos nasas, campesinos y otros pobladores, en 2018, fue de 45.
Este registro casi dobla el del 2017, que fue de 28, de acuerdo con Capaz.
Precisamente, a estos grupos armados residuales que se enfrentan en la zona rural de Corinto y del vecino Toribío, separados por la vereda El Boquerón y Tacueyó, también se les atribuye el asesinato del gobernador del resguardo de Huellas, quien hacia cumplir el mandato de su comunidad de rechazar los cultivos de uso ilícito y la presencia de los grupos armados al margen de la ley en los resguardos. En la noche de ese mismo viernes del Día de las Velitas, también fue asesinado el comunero indígena Luis Néider Prado, de 23 años, en el corregimiento El Palo, en Caloto.
Luego empezó a circular un panfleto de las ‘Águilas Negras’, en esa ciudad, Corinto, Tóez, El Palo y López Adentro, en donde amenazaban a los principales dirigentes, poniéndoles precios a su cabezas: por gobernadores suplentes ofrecían 5 millones; por capitán y gobernador, 3 millones; por guarda indígena, 2 millones; y un millón por alguacil y colaboradores.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo denunció que 76 familias indígenas y campesinas abandonar sus hogares el año pasado.
Entre tanto, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac) denunció amenazas en contra de dos líderes del resguardo Triunfo Cristal Páez, en Florida, zona que colinda con el norte del Cauca. Se trata de Enelia Mestizo Ramos y Argemiro Bubú Ramos.
En junio del año pasado se denunció que homres armados dejaron a dos guardias indígenas del pueblo embera colgados con esposas metálicas a un árbol, en las afueras del Resguardo La Delfina, municipio de Buenaventura. En mayo en esa zona habían sido asesinados Pablo Dagua y Adriana Montero Parra. Los casos están impunes.
La pesadilla de los awá
Pero esta pesadilla también la viven los awá, en Nariño, en las tierras que hasta hace poco más de una década eran sus territorios sagrados, pacíficos y muy promisorios para hoy convertirse en zonas de violencia y epicentro de conflictos y de oscuros intereses del narcotráfico.
En esa lucha fue asesinado el primero de diciembre del año pasado, Héctor Ramiro García, quien fue fundador de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y del cabildo mayor Awá de Ricaurte-Camawari, además de su hijo Braulio Arturo García Guanga, gobernador electo para el año 2019 del resguardo Palmar Imbí Medio. Otros cuatro indígenas resultaron heridos.
Solo el año pasado fueron asesinados 159 de sus miembros, según la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, que junto con Camawari componen esa organización social y política.
Esa pesadilla empezó hace 10 años (4 de febrero de 2009), cuando en el resguardo Tortugaña -Telembí fueron asesinados con cuchillos y machetes ocho indígenas y tres más desaparecieron. Las autoridades responsabilizaron a la columna ‘Mariscal Sucre’ de las Farc, entre Barbacoas y Ricaurte, pero en la zona se mueven bandas.
El gobernador de Nariño, Camilo Romero, aseguró que “las alertas se han prendido todas” y no vacila al afirmar “que el pueblo awá es el más golpeado por el conflicto en toda Colombia”. Y han sido tan castigado por la violencia armada que de los 15 episodios de desplazamiento que se registraron el año pasado en Nariño, al menos cinco sucedieron en sus territorios. “Jamás nos imaginamos que después de la paz tengamos más desplazamientos que antes”, añadió el mandatario.
Jaime Eduardo Nastacuas, secretario general de los awá, dijo que en diciembre pasado apareció una lista en una red social con 30 líderes amenazados.
El consejero de salud de la Unipa, José Arturo García, da cuenta de la gran responsabilidad para prestar atención a más de 30 resguardos, más de 150 comunidades de cuatro municipios y cerca de 20.000 indígenas, “en medio de la grave situación de orden público y necesidades insatisfechas”.
Fuente: https://www.eltiempo.com/colombia/cali/la-encrucijada-de-los-pueblos-indigenas-por-grupos-armados-324780.
