Colombia en Minga se identifica con Lucha por Arroyo Bruno de La Guajira
Colombia en Minga se identifica con Lucha por Arroyo Bruno de La Guajira
El sentir colombiano que converge en La Cumbre Agraria y el llamamiento Nacional a La Minga Campesina, Étnica y Popular busca llegar a todo el país, siendo La Guajira un foco de importancia coyuntural debido a la situación que se enfrenta actualmente de cara la fuerte crisis de agua, desnutrición infantil y la arremetida minera en el territorio que busca coptar todos los cuerpos de agua, lo cual agudizaría la crisis climática, ambiental, social, cultural y humanitaria del departamento. Han sido estos los argumentos para que diferentes procesos se sumen a apoyar el movimiento nacional desde La Organización Yanama, Resguardo de Mayabangloma, Painwashi, Aaciwasug y Fuerza de Mujeres Wayuu, quienes en diferentes lugares de La Guajira hacen sentir su voz y exigencia de derechos defendiendo el agua y el territorio para la vida.
Convocamos al conjunto del pueblo colombiano a hacer parte de la GRAN MINGA NACIONAL “Sembrando Esperanza, Cosechando País” participando en las acciones de movilización pacífica que se avecinan para expresar nuestra inconformidad con el actual modelo económico y de desarrollo, que no corresponde con los sueños del pueblo por alcanzar la paz con justicia social y ambiental.
El gobierno de Juan Manuel Santos y sus predecesores, han sido enfáticos al expresar públicamente que el modelo de desarrollo del país no es negociable y aunque la ciudadanía se ha manifestado en contra del mismo, el estado colombiano sigue sin escuchar u ofrecer alternativas sostenibles para dar solución de fondo y de manera estructural a la crisis económica, ambiental y social que se agudiza en todo el territorio colombiano.
Hoy nuestro llamado es a enfrentar las nocivas políticas extractivistas que ponen en riesgo los bienes naturales, la soberanía nacional y la pervivencia física y cultural de las comunidades rurales y del conjunto del pueblo colombiano. Este llamamiento también responde a la indiferencia e incumplimiento sistemático en el que viene incurriendo el gobierno a los acuerdos alcanzados tras los Paros Agrarios y Minga Indígena de 2013 y 2014, así como las jornadas de indignación de 2015 y los pliegos de exigencia presentados tras las movilizaciones del 24 de enero y 17 de marzo de 2016. El gobierno sigue incumplimiento las ordenes de la Corte Constitucional para la protección de las victimas (Sentencia T-025), postergando la reparación integral contemplada en la ley 1448/11.
Diversos sectores sociales (victimas, ambientales, transportadores, sindicales, mujeres, educativos, urbanos y rurales entre otros) venimos oponiéndonos a las políticas gubernamentales que responden a los Tratados de Libre Comercio y se expresan en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que pone en venta los recursos estratégicos de la nación, las empresas públicas, los bienes energéticos, el agua y distribuye de manera inequitativa la tierra, aumentando los beneficios en favor de unos pocos y excluyendo a millones de ciudadanos, campesinos, indígenas y negros de sus legítimos derechos.
Nos oponemos también de manera radical a la ley de seguridad ciudadana, que viola las libertades democráticas, al nuevo código de policía y la actuación represiva por parte del ESMAD contra las justas protestas de las personas. Nos oponemos a las detenciones arbitrarias, la persecución, hostigamientos y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la nueva fase de paramilitarismo que atenta gravemente contra las organizaciones sociales populares y pone en riesgo la consecución de una paz estable y duradera.
Reiteramos nuestro apoyo al proceso de diálogos de paz con las FARC y con el ELN, pues estamos convencidos de la salida negociada al conflicto armado; pero de la misma manera, consideramos que se requieren soluciones concertadas al conflicto social, político y económico, necesarias para una paz con justicia social y ambiental.
En consecuencia, y como una justa e histórica reivindicación, reclamamos del gobierno nacional que se garantice la participación activa, vinculante y decisoria de las comunidades para diseñar y construir la Reforma Agraria Integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra y reoriente el modelo de desarrollo económico en armonía con la naturaleza y la diversidad cultural. Reiteramos el llamado amplio a todas las personas y comunidades del campo y la ciudad, para que expresemos en un solo sentir nuestra voz de esperanza por un cambio de rumbo en el país, que garantice el buen vivir de las presentes y futuras generaciones. Pongámonos la ruana, el sombrero, el
bastón de mando y salgamos a caminar la palabra en calles y carreteras, campos y ciudades, para manifestar nuestro compromiso en defensa del agua, el alimento, a las semillas nativas, a la naturaleza y la identidad cultural. Nuestra lucha es por la vida.