Por Alfredo González Núñez
Miembros de la comunidad indígena Painwashi ubicada en jurisdicción del distrito turístico y cultural de Riohacha fue desalojada de manera arbitraria y violenta con orden judicial por efectivos del escuadrón móvil antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia (ESMAD) y la presencia de la secretaria municipal de asuntos indígenas de la alcaldía, con maquinaria pesada y utilizando armas químicas para dispersar a los pobladores, procedieron a tumbar las vivienda, sembradíos, desmantelar corrales de ovejos, poniendo en peligro la integridad física y emocional de niños, ancianos, mujeres y hombres, que impotentes veían como su dignidad y derechos ancestrales eran vulnerados por quienes deberían defenderlos.
La orden judicial obedece al reclamo de propiedad sobre los territorios de una familia de terratenientes quienes en “negocios turbios con notarios y jueces que otorgan documentos de propiedad a no indígenas sobre territorios ancestrales, para favorecer la expansión urbana y comercial de la hoy ciudad de Riohacha, vulneran el derecho consuetudinario que tienen los indígenas Wayuu sobre sus tierras” así lo expreso Bladimir Silva presidente de la Organización defensora de los Derechos Indígenas Nación Wayuu, quien manifestó que esto obedece a una política para desplazar a los indígenas de sus territorios.
Silva expreso que se mantienen en pie de lucha junto a los miembros de la comunidad para exigir al estado colombiano medidas de protección y detener, no solo la agresión a los wayuu de esta comunidad, sino la enajenación de sus territorios así mismo respeto a las autoridades tradicionales reconocidas y posesionadas por el mismo estado a través del ministerio del interior como la figura representativa y a consultar en temas que impactan a su medio de vida propio.
Cabe destacar que estos hechos, paradójicamente ocurren durante la primera visita oficial al departamento de la Guajira del defensor nacional del pueblo Carlos Camargo Assis, quien desde el resguardo indígena wayuu Provincial expreso lo siguiente “El motivo de esta primera visita es escucharlos a ustedes. Quise, a tan solo dos meses de estar posesionado, venir personalmente a saludarlos, a entregarles el mensaje que estamos presentes como Institución, velando por los derechos de todas las comunidades, pero en especial de nuestros pueblos indígenas, de sus tradiciones, costumbres y creencias”
La Constitución Política de Colombia (Art.63) define la propiedad de tierras de los indígenas bajo la forma jurídica de los resguardos y en la misma expresa que estas, son inalienables, imprescriptibles, inembargables de propiedad colectiva y no enajenable, de esta manera se consagra constitucionalmente la prohibición de vender o gravar las tierras comunitarias indígenas.
El reconocimiento constitucional de la propiedad colectiva del resguardo sirve a la preservación de las culturas indígenas y de sus valores espirituales. La tierra indígena no solo constituye la base de su subsistencia, sino que es al mismo tiempo parte fundamental de su cosmovisión, cultura y religiosidad. Los derechos centrales de los pueblos y las comunidades indígenas apuntan a asegurarle su territorio, fortalecer y desarrollar su autodeterminación y proveer a una justa participación en el estado y sus instituciones.
