La delegada del Instituto Nicaragüense para la Pesca y Acuicultura, Nadia Padilla Morales, desconoció por medio de una carta enviada a la jefatura de la Base Naval establecida en Puerto Cabezas, los permisos que ha emitido el Gobierno Territorial Indígena Tawira, en la zona de los Cayos Miskitos, ubicados en la plataforma marítima al norte de Puerto Cabezas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).La delegada señala que la Ley 489 le otorga las facultades de regular la actividad pesquera y debido a los últimos incidentes ocurridos en el territorio, también le indica que el régimen autonómico de los gobiernos regionales debe coordinarse para la explotación de los recursos con la entidad competente Inpesca.
Una copia de la carta está en poder de LA PRENSA en la que la funcionaria le reitera al jefe naval “por tanto no son válidos los permisos emitidos por el Gobierno Indígena Tawira porque violentan las funciones que son propias del Inpesca en materia de administración de las licencias de pesca”.
TENSIÓN
Esta medida ha sido notificada desde el 25 de enero de 2017, lo que ha causado tensión entre las autoridades territoriales y comunitarias del Gobierno Indígena Tawira.Henderson Toby García, presidente de Tawira, señaló que a raíz de ese comunicado de la delegación de Inpesca, los líderes de Sandy Bay, ancianos y todos los comunitarios, decidieron que si Inpesca o su delegada insisten en mantener la medida ellos no van a permitir más la pesca en los Cayos Miskitos.Además acordaron que exigirán a la institución y sus funcionarios que respeten los derechos del pueblo indígena y su patrimonio ancestral.Toby García dijo que una comisión integrada por wihtas (jueces comunales), Consejo de Ancianos, pescadores, buzos y naceros, llegará a Bilwi para plantearle al Gobierno la decisión de las comunidades.El líder indígena recordó que el Gobierno Territorial Indígena (GTI) se ampara en la Constitución Política, la Ley 445 y la Ley 28 de Autonomía que reconoce a los Pueblos Indígenas.Señaló que ya ha sostenido reuniones con autoridades del Consejo Regional y el Gobierno Regional donde han revisado la notificación y todo parece indicar que fue una medida que se tomó de forma unilateral.
