La población indígena brasileña realiza desde ayer una movilización para reivindicar sus derechos, en un clima de fuerte tensión con el Gobierno de Jair Bolsonaro, una amenaza para los territorios originarios y el medio ambiente.
El llamado Campamento Tierra Libre (ATL), que se extenderá hasta el viernes, tiene lugar desde 2004 en Brasilia para dar visibilidad a la situación legal y llamar la atención sobre las demandas de los pueblos nativos.
Una semana antes de la movilización, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, autorizó que la Fuerza Nacional de Seguridad Pública actúe en la Explanada de los Ministerios y en la región de la Plaza de los Tres Poderes (reúne las sedes del Gobierno, Congreso y del Supremo Tribunal Federal) por un período de 33 días.
Tras la publicación de Moro en el Diario Oficial de la Unión, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que organiza el campamento, pidió en una nota que «dejen de incitar al pueblo contra nosotros. No somos violentos, violentos es atacar el derecho sagrado a la libre manifestación con tropas armadas, el derecho de ir y venir de tantas brasileñas y brasileños que andan por esas tierras desde mucho antes de 1500».
La Articulación detalló que «nuestro campamento viene sucediendo hace más de 15 años siempre en carácter pacífico buscando dar visibilidad para nuestras luchas cotidianas, siempre en invisibilidad por los poderosos».
El 2019 comenzó en un contexto gravísimo, escribió la APIB en la convocatoria de la marcha en la que se esperan unos cinco mil líderes indígenas de todo el país.
La lista de denuncias de los pueblos originarios contra el Gobierno resulta extensa y desde que asumió el 1 de enero, Bolsonaro sacó de la Fundación Nacional del Indio (Funai) su atribución de demarcar tierras indígenas y conceder licencias ambientales.
El político de extrema derecha pasó esas funciones a manos del Ministerio de Agricultura y la Funai, del ámbito de la cartera de Justicia, entró a la de la Mujer, Familia y Derechos Humanos.
Organizaciones no gubernamentales (ONG), grupos indígenas y la prensa denuncian que las invasiones de tierras indígenas se multiplicaron en los últimos meses.
Según datos oficiales, cerca de 800 mil indígenas de 305 etnias viven en Brasil, un país con 209 millones de habitantes.
La Constitución Federal determina que esos pueblos tienen derecho al usufructo exclusivo sobre las tierras ocupadas, pero la demarcación ha sido amenazada por la deforestación ilegal, la expansión de la agropecuaria y los avances de la frontera agrícola.
El movimiento indígena comenzó a protestar internacionalmente para intentar frenar la ofensiva del Gobierno, que cuestiona los cambios climáticos y considera a las ONG como amenazas a la soberanía nacional.
En una carta abierta publicada el 10 de abril en el diario francés Le Monde, 13 representantes de etnias indígenas denunciaron las políticas ambientales de Bolsonaro.
«Hace 100 días vivimos las premisas de un apocalipsis, del que los pueblos indígenas son las principales víctimas», advirtieron los representantes de la Alianza de los Guardianes de la Madre Naturaleza.
«El Gobierno quiere monopolizar el Amazonas entero, ensangrentándolo aún más construyendo nuevas carreteras y ferrocarriles», denunciaron.
Indígenas en Colombia afectados por lento proceso de paz
Los pueblos indígenas de Colombia sufren hoy ante la ralentización del proceso de paz y son blanco de la violencia y los asesinatos contra los líderes sociales en ese país.
Así expresó la activista Dayana Domico, perteneciente al Pueblo Embera, de Colombia, quien por estos días participa en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
El actual Gobierno de Bogotá está haciendo trizas los puntos del Acuerdo de Paz, cuando estos deberían ser respetados y cumplidos, subrayó.
Por ejemplo, hay aspectos como el del desminado de los terrenos que no se han cumplido y esto afecta a nuestras comunidades indígenas, dijo y se refirió a las posibilidades que abre el foro en la ONU para visibilizar esos problemas.
En Colombia hay asesinatos de líderes sociales, aumentan las amenazas contra ellos, hay más desplazamientos de pueblos indígenas. Recién este mes se produjo un atentando y murieron nueve compañeros indígenas del pueblo Embera y del pueblo Nasa, detalló.
Pero el Gobierno guarda silencio al respecto y es nuestro deber abordar tales problemas, recalcó, demandar seguridad para esas comunidades que están en los territorios porque en varios lugares continúan los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Estos conflictos generan desplazamientos y muchos pueblos indígenas tuvieron que transitar hacia otros espacios en medio de los riegos y peligros que persisten a pesar del proceso de paz, observó la activista.
