Como en anteriores ocasiones, el Gobierno ecuatoriano no presentó representantes a la audiencia pública programada en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para tratar el tema: Derecho a la libertad de asociación de los pueblos indígenas de Ecuador.
“Nos hemos dado cuenta de que el Estado no está presente, lamentamos mucho el hecho. Sin embargo, vamos a seguir con esta audiencia”, dijo el comisionado James L. Cavallaro al comienzo de la cita que no empezó puntual porque, justamente, se aguardaba la llegada de la delegación del gobierno de Rafael Correa.
Con esta audiencia se daba inicio al 157 periodo de sesiones de la CIDH, que se realizará hasta el 15 de abril.
La cita sirvió para que Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), denuncie la supuesta intención del gobierno de dividir la estructura política del movimiento indígena.
Durante la audiencia manifestó que «desde el 2015 con más rigor el Gobierno ha violado el derecho constitucional a través de enmiendas que prácticamente plantean una reforma de la Constitución en temas de fondo, abusando del poder.»
Denunció así una «estrategia» del gobierno para dividir a las organizaciones y que se ha hecho evidente, explica, al «nombrar directivas ilegítimas destruyendo estructuras (políticas) en las tres regiones del país».
La citada reforma tiene que ver con decretos ejecutivos y acuerdos institucionales. Una medida puntual es el Decreto 16, firmado el año 2013 y modificado el 2015, el cual establece mecanismos para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (Suios).
El decreto prohíbe a las organizaciones ‘desviarse de los fines y objetivos para los cuales fueron constituidas’ o dedicarse a actividades de política partidista que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten la paz pública. Este decreto sirvió para la disolución de la Fundación Pachamama.
«Dicho decreto busca regular a las organizaciones sociales y dentro de esto a las organizaciones indígenas, lo cual está afectando claramente el artículo 96 de la Constitución», expuso al respecto Carlos Masabanda, representante de Terra Mater.
Agregó que dicho artículo «establece el reconocimiento de todas las formas de organización de la sociedad y la posibilidad de incidir en políticas públicas y el control social de todos los niveles de gobierno».
Sobre el decreto añadió que este «puede afectar la libertad de asociación de los pueblos indígenas, quienes permanentemente están ejerciendo su derecho a la resistencia en relación a políticas públicas que consideran que afectan sus derechos establecidos en la Constitución”.
