El hermetismo se hizo sentir durante el recorrido por el sector Los Cocos, en la parroquia Guajira del municipio homónimo. Muchas puertas fueron cerradas y el silencio se hizo presente con más de 20 familias beneficiadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
El Ministerio de Pueblos Indígenas, PDVSA y Corpozulia se encargaron de financiar un lote de casas que forman parte de las 3 mil 007 construidas en la localidad wayuu desde 2012. Se esperan los recursos para construir 22 viviendas más en la comunidad.
Caminar las calles de arena muestra la necesidad de servicios públicos y vialidad. Laudi Tejedor, exvocera del Concejo Comunal, criticó que el sector se consagrara con algunas deficiencias, “tenemos nuestras casa pero aquí no hay agua, teléfono, aceras ni nada. Eso no vino incluido en el paquete”, razón que convalida la Ley de Propiedad de la GMVV, aprobada por la Asamblea Nacional (AN) en su primera discusión.
Según los requisitos para gestionar los servicios ante las instancias competentes se debe presentar los documentos de propiedad para hacer la proyección.
La bienhechuría
En su mayoría la mano de obra surgió de la misma comunidad. Donde habían ranchos, hoy hay viviendas de dos habitaciones, un baño, cocina y sala – comedor, sin embargo muy pocas muestran trabajos de ampliación “todas estas casas se hicieron sobre terrenos ejidos pero la Alcaldía nunca entregó un documento que nos hiciese dueños. Hemos hecho documentos de bienhechuría para amarrar la posesión”, explicó la ama de casa.
Añadió que sin documentos legales sobre las viviendas no se puede optar a un crédito bancario que permita hacer mejoras, “aquí, el que puede ha logrado hacer otro cuarto, hacer la cocina y ampliar sus casas, pero esos recursos no vienen de un banco o un crédito que otorgue el Gobierno para mejoras”.
El condicionante
Aunque señaló que desconoce lo que dice la Ley, considera que es necesario preservar el patrimonio de sus hijos por lo que acotó que tal vez se deba prohibir la venta de las viviendas pero no la herencia. La idea estuvo aupada por José Rodríguez, actual vocero de la comunidad, quién aseveró que no se debe permitir que se vendan las propiedades para que luego el Gobierno tenga que volverle a dar casa a quién ya benefició.
Siendo crítico, el líder comunitario, afirmó que el primer error cometido por el Gobierno fue no cobrar las viviendas, “estas casas deben pagarse. Estamos en crisis y no hay dinero para construir más. Si se hubiesen cobrado módicamente existiera un fondo para continuar el proyecto”.
“Esperamos conocer la Ley para saber como beneficiará a que se consolide la comunidad con sus calles y sus servicios, y que desde el Concejo Comunal estamos anhelando”, concluyó.
Andrés Boscán
