El Gobierno Nacional tiene plazo hasta mañana para adoptar la medida. El Ejecutivo podrá dictar decretos con fuerza de ley para frenar la crisis.
Ante las constantes muertes de niños por causas asociadas a la desnutrición y por orden del Tribunal Superior de la capital, el Gobierno Nacional estudia declarar el estado de emergencia económica y social en el departamento de La Guajira.
Hasta mañana tiene plazo el Ejecutivo de tomar la decisión que permitiría la adopción de medidas de fondo para atender a los habitantes de la península, como reza el artículo 215 de la Constitución Política, que define la emergencia y que dispone su adopción cuando haya hechos que “perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico”.
Con este estado, el presidente podría dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis “y a impedir la extensión de sus efectos”, con facultades transitorias como “establecer nuevos tributos o modificar los existentes” y otras medidas de orden económico.
La evaluación que tiene lugar en estos momentos en el Ejecutivo se deriva de una orden del viernes pasado del Tribunal Superior de Bogotá, tras una tutela interpuesta por la representante de las comunidades wayuu, Carolina Sáchica, que advierte que desde hace varios meses le han insistido al Gobierno para que se declare la emergencia social.
La corte capitalina, entonces, le dio un plazo de 48 horas a la Presidencia para responder, además, a la luz de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, con el objeto de proteger los derechos fundamentales de los niños guajiros.
En la tutela se lee que “el estado de excepción se muestra como una facultad extraordinaria que tiene el presidente de la República para intervenir con rigor una situación de gravedad”.
Por ahora, desde Palacio ha trascendido que, supuestamente, el estado de excepción se venía barajando desde hace meses ante la crisis social de la península.
La abogada Sáchica afirma que sobre la solicitud del estado de excepción presentada el 4 de noviembre de 2016, recibió una respuesta de la secretaria Jurídica de la Presidencia Cristina Pardo cuatro días después, quien le informó que esta fue remitida al ministerio del Interior, pero que ante la grave crisis de los wayuu, que no da espera, se necesita una respuesta de fondo del Gobierno Nacional lo antes posible.
Ella hizo la petición porque dice que “los niños mueren de hambre con frecuencia inusitada, con sus consecuencias inmediatas, lo cual constituye una emergencia social”.
Protección a mujeres
El pasado 7 de febrero la Cidh, por considerar que las mujeres gestantes wayuu de los municipios de Manaure, Riohacha y Uribia, en La Guajira, están en una situación de gravedad y urgencia y que su vida está en riesgo,, amplió las medidas cautelares que había otorgado a los niños para que se garantice su vida e integridad personal.
Esto en respuesta a una petición hecha por la abogada y el líder wayuu Javier Rojas, quienes consideraron que la vida de unas nueve mil mujeres gestantes wayuu se encuentran en situación de riesgo, debido a la falta de acceso a atención médica en la zona y altos niveles de desnutrición, “en el marco de una serie de condiciones relacionadas con la falta de alimento y agua en la zona”
La solicitud de la Corte se dio teniendo en cuenta la muerte de niños por desnutrición, cuya cifra el año pasado llegó a 89 y en lo que va corrido del 2017 ya llega a seis menores fallecidos.
