Otros 470 indígenas se encuentran en riesgo de desplazamiento, lo que implica el peligro de movilizarse por campos minados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Un grupo de 168 personas del pueblo Embera Eyábida se desplazó de la comunidad Turriquitadó Alto, en Colombia, ante las amenazas del grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La Organización Indígena de Antioquia (OIA) informó que los indígenas tuvieron que marcharse hasta la comunidad Turriquitadó Llano, donde permanecen refugiados desde el 2 de marzo para salvaguardar sus vidas.
Los desplazados no cuentan con alimentos ni agua potable, por lo que pidieron a las autoridades agilizar la entrega de alimentos y el envío de una misión médica.
Más indígenas en riesgo
La OIA también alertó que, por las mismas amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), otras 470 personas se encuentran en riesgo de desplazamiento.
Estas personas pertenecen a las comunidades indígenas de Garrojo (105 personas), Bachidubi (193) y Coredó (172).
Ellas podrían estar en grave peligro debido a que deben movilizarse “por campos minados instalados por el ELN desde enero”, indicó la organización.
Emergencia data desde 2019
Según la OIA, la emergencia humanitaria en los resguardos Río Murindó y Río Chageradó —donde se ubican las comunidades indígenas desplazadas— data desde el 2019.
Pero esta emergencia “ha venido agudizándose con el paso de los días, por las múltiples violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, señalaron.
Estas violaciones son ejecutadas por diversos grupos armados que se disputan el territorio que dejó libre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La organización también señaló que, actualmente, son 11 las comunidades indígenas de ambos resguardos que están en riesgo.
Solicitan “de manera urgente una comisión de verificación interinstitucional de derechos humanos, para constatar los riesgos y el desplazamiento masivo que allí se estaría gestando”.
Asimismo, exigieron una vez más la salida inmediata de los actores armados y la implementación del Plan Nacional de Desminado en los territorios indígenas.
Según el Registro Único de Víctimas (RUC), elaborado por el Gobierno de Colombia, el desplazamiento forzado ha afectado a un total de ocho millones de personas entre 1985 y 2019.
Estos desplazamientos se han generado producto del conflicto armado entre grupos irregulares, organizaciones criminales y el Ejército.
Por: Servindi
