En el fallo del alto tribunal se confirman los ordinales primero, segundo y tercero de la primera instancia, que se profirió ante una tutela interpuesta por Marcela Lorenza Gil Pushaina, una autoridad tradicional del asentamiento ancestral La Horqueta 2, comunidad compuesta por 80 indígenas wayuu.
Ahora el Consejo de Estado ordena a la Dirección de Consulta Previa del ministerio del Interior, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Anla y a Cerrejón, que lleven a cabo un proceso de consulta previa en un mes con respecto a la prestación del servicio público de agua y por la competencia sobre uso del suelo.
Igualmente ordena que los efectos de esta sentencia se hagan extensivos a las demás comunidades del pueblo wayuu de los municipios de Albania y Maicao, cuya fuente de agua sea el arroyo Bruno o que se afecten directamente con la modificación de su cauce y no solamente con los que viven en La Horqueta 2.
Estas comunidades quedaron descritas en la Resolución 0498 de la Anla expedida en mayo del 2015, en la que los líderes de La Horqueta 2, expusieron la grave situación que viven estas comunidades por causa de la sequía.
Las comunidades son Charito, 4 de Noviembre, Oasis, Wasishi, Urapan, Caracoli, Hotomana, Porvenir, Arawanei, Ipaka, Murrenaka, Uawa Maca, Akubanu, Bellavista, Tigre Pozo, Warrutamana, El Rocío, San Vicente, Paradero, La Pólvora, Pituromana 1 y 2, Piedra Amarillo, Santa Cruz de la Sierra, Casa de Tabla y Casa de Palma.
El abogado de la accionante Pablo Ojeda Gutiérrez, aseguró que es muy importante que el Consejo de Estado haya dado solo un mes para resolver la consulta con todas estas comunidades.
Este fallo se da luego de que se presentaran recursos de impugnación por parte de Cerrejón, el ministerio del Interior, el ministerio de Medio Ambiente, Corpoguajira, el Servicio Geológico Colombiano e Incoder.
En la sustentación de la tutela presentada ante el Tribunal Administrativo de La Guajira, Ojeda planteó que por la desviación del «cauce ancestral» los indígenas de La Horqueta están sufriendo daños irremediables, «afectando sus derechos fundamentales» a la supervivencia y destruyendo su tejido social, cultural, religioso y sus usos y costumbres.
El fallo amparó los derechos fundamentales a la vida, la salud, al acceso al agua potable, a la consulta previa, al debido proceso e igualdad de los demandantes. Esto último porque en la zona se encuentra otra comunidad indígena que no obstante encontrarse más distante del epicentro de la intervención minera, fue consultada por la compañía Cerrejón.
