Al menos veinte familias de la Guajira se enlutaron desde el 2010 hasta la actualidad, en hechos que apuntan a un solo responsable visible y poderoso, efectivos de la Fuerza Armada Nacional (Fan), en su mayoría soldados de la misma etnia que habita en este territorio, pero que movidos por el poder del fusil en mano y la orden del superior, disparan al civil.
“Las actuaciones incontrolables de los funcionarios militares durante persecuciones y operativos han arrojado estas víctimas”, destaca José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira.
“El factor común es disparar primero sin considerar el lugar y quienes estén presentes, porque hasta la fecha, y luego de tantos decomisos de combustible, alimentos y otros productos de contrabando, aún no hay detenidos o pruebas que demuestren que las víctimas eran cabecillas de grupos de contrabandistas y en los calabozos de las alcabalas hay centenares de detenidos, todos ligados al bachaqueo en menor cantidad o simplemente personas que sirven de mulas del contrabando”, apunta González.
Tras cada hecho suscitado entre militares y wayuus, contrabandistas o no igual, hay una o más víctimas que en la mayoría de los casos, según los superiores de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi), resultaron muertos en enfrentamientos entre bachaqueros y militares. Pero esta versión es frecuentemente desmentida por las ONG que hacen vida en la frontera.
El Comité de Derechos Humanos de la Guajira lleva un registro de estos casos y hace tareas de acompañamiento a las víctimas, quienes denunciaron los hechos y llevaron pruebas a las fiscalías 91 con Competencia Nacional en Materia Indígena; y las fiscalías 45 y 76 Nacional, apoyadas en las versiones de testigos. Entre los casos reportados a las autoridades se encuentran 20 muertos, más de 60 heridos y los múltiples allanamientos sin órdenes judiciales.
Hasta ahora solo ha sido condenado a 11 años de prisión a Enrique Bracho Martínez, un funcionario militar de bajo rango, quien fue acusado y sentenciado por el asesinato de un funcionario de la Policía Regional en la alcabala “Laguna del Pájaro”, en la vía hacia la Alta Guajira.
José María Castillo, de la Autoridad Tradicional Wayuu, afirmó: “Este es un pueblo indígena que milenariamente ha establecido en este territorio y desde la llegada de los militares se han vulnerado muchos derechos y lo más triste del caso es que la ley venezolana está muy parcializada hacia los uniformados mientras que los indígenas quedamos huérfanos”.
El pueblo wayuu ha exigido justicia por los numerosos casos, para lo cual han realizado caminatas y pancartazos frente al Ministerio Público. Incluso, en reuniones con los ministros del Gobierno nacional acusaron a sus presuntos agresores por los constantes atropellos y violaciones de los derechos a la vida, educación, salud, libre tránsito, libertades económicas, derecho de la mujer y el derecho cultural del pueblo indígena.
Tiros sin compasión
La mancha de la militarización inició en la Guajira el pasado 13 de mayo de 2012, cuando cuatro personas fueron heridas por armas de fuego de alto calibre por presuntos militares adscritos a la 13ª Brigada de Infantería. Las víctimas fueron Ana Delgado, Vanesa Delgado, José Guillermo González y Frank Cooper.
Este hecho marcó el inicio de una serie de vulneraciones de derechos humanos en la zona fronteriza. Cuatro meses después fue asesinado Efraín González, de 30 años. En el mismo suceso nueve personas resultaron heridas tras una persecución a contrabandistas que provocó que los militares actuaran contra un camión lleno de estudiantes que se dirigían a la escuela Los Hermanitos que se desplazaba en la vía hacia Caimare Chico.
La lista seguía en progreso y el 29 de enero de 2013 una bala de alto calibre volvió a enlutar a una familia wayuu. Esta vez en una caleta de combustible ubicada en el sector Los Aceitunitos, al sur de Paraguaipoa. Funcionarios que actuaban en un operativo militar ingresaron al patio de una casa, donde sin mediar palabras y delante de su familia asesinaron a Menandro Luis Pirela, de 36 años.
Sus familiares lo trasladaron hasta el Cicpc de Paraguaipoa para que se le realizara la necropsia legal.Pero el contingente militar atacó la sede de los funcionarios de la policía científica para evitar el análisis al cuerpo. Eglis Pirela, hermana del fallecido, denunció que desconoce la actitud de los militares ya que horas antes del operativo a la caleta donde murió su hermano, ellos habían cancelado una suma de dinero a los funcionarios que cobran “vacuna” por la almacenamiento de pipas de combustible en la caleta.
Por su parte, Over Fernández, vocero del Consejo Comunal Paraguachón, comentó que “estas denuncias han llegado hasta la Vicepresidencia de la República, pero no han dado respuesta a pesar de los compromisos firmados por parte del Gobierno nacional”.
El pasado 29 de marzo, una comisión designada por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se reunió con los familiares, los heridos y torturados por presuntos militares. El Ministerio Público habilitó un espacio para practicarles exámenes forenses a las víctimas y se determinó que la mayoría de ellos presentaban golpes efectuados por los militares durante las torturas recibidas. Ese es el caso de Richar Amaya, quien señaló que fue salvajemente torturado por un teniente quien lo acusó de bachaquero. Luego de golpearlo lo dejó moribundo en un cementerio.
Políticas violatorias
Daniela Guerra, miembro de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ), agregó: “Se aplican políticas que impiden el desarrollo en la zona y hay fallas en inversión pública y privada, por mucho que haya militares en la entidad la delincuencia y hasta la misma presencia y presión militar desalienta la inversión privada”.
La abogada indica que la acusación hacia los militares se origina “porque los testimonios señalan directamente a los militares como los culpables y la misma FAN considera oficialmente los hechos como enfrentamientos, pero en todas estas llamadas pugnas solo los civiles resultan heridos o mueren“.
En otra versión, el Fiscal Superior del estado Zulia, Richard Linares, agregó: “Buscamos estrategias con las víctimas para poderle dar celeridad y respuesta oportuna a las denuncias que se han llegado desde la Guajira para esclarecer estos hechos y establecer responsabilidades”.
El 18 de febrero, en acuerdos con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se pactó la derogación del Distrito Militar número 1 de la Guajira, al mismo tiempo se planteó la indemnización de las víctimas por estos hechos donde se designó a un equipo para atender a las familias que aún esperan tal compromiso y la militarización. Mientras tanto en la principal vía del municipio siguen las interminables colas.
