La hoy mayoría en la Asamblea Nacional (AN) tiene ante Venezuela, y ante sí misma, el deber de legislar acertada y oportunamente en materia indígena. Ya no se trata tanto de aprobar nuevas leyes sino de revisar, adecuar y actualizar las ya existentes a la nueva visión de país que todos los venezolanos indígenas queremos, el Parlamento debe buscar y activar mecanismos a través de políticas públicas reales que materialicen los derechos indígenas ya consagrados.
Se debe pasar de los años de consagración al de su ejercicio y motorización, sin lugar a dudas el derecho indígena fundamental por revisar, consultar y materializar con todo la nación, principalmente con los indígenas, es el contenido en el artículo 119 de la Constitución Nacional.
Efectivamente, el texto constitucional sobre esta materia permite avanzar hacia distintas estrategias o formas de reconocimiento y, sobre todo titulación de los territorios indígenas. Es posible pensar en figuras mixtas de protección de tieras aborígenes junto al reforzamiento de áreas de salvaguarda ambiental. Esto obliga a iniciar un profundo debate sobre las actividades de extracción que se llevan a cabo o planifican en zonas con una alta vulnerabilidad cultural y ecológica con la venia y el silencio del Estado, pero aun más de los propios pueblos indígenas hoy «colonizados y sometidos ideológicamente”.
Venezuela puede dar pasos trascendentales en dicha materia, ya no solo en la declaratoria de los derechos territoriales indígenas, sino en la búsqueda de los mecanismos necesarios para su concreción.
Existe un amplio espectro normativo en la Constitución, así como en otras leyes subalternas, que permiten resolver finalmente el tema estructural de la «demarcación» de los territorios indígenas.
Como consecuencia de lo anterior, se requiere de una gran voluntad política en el seno del Hemiciclo Nacional, así como de de la consulta previa, debatida y diseñada para accionar uno de los principales derecho pendiente del Estado con los pueblos indígenas de Venezuela.
En necesario activar un mecanismo de consulta y concertación previa nacional, tal como lo establece la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, dirigida a las etnias, los sectores, especialistas y actores involucrados, sensibilizados e identificados con el tema, que permita garantizar una real participación e inclusión de los nativos en el diseño del mecanismo finalmente a aplicar en la materia. Hermanos indígenas avancemos por encima del discurso de la opresión y la victimización que sólo nos ha servido para generar lastima, compasión y aprovechamiento de fuerzas para su propio beneficio, pasemos a la participación, ejecución y aporte, asumiendo los roles que la Carta Magna nos otorga frente a este momento histórico que hoy tenemos frente a nosotros. No permitamos más nunca que sistemas políticos colonizadores nos engañen y utilicen, y asumamos nuestro rol de protagonistas en la construcción de nuestros planes de desarrollo sustentable.
Alfredo González Núñez
Líder wayuu transformacional
