Las organizaciones COIAB y APIB advirtieron que los pueblos indígenas de contacto reciente como el pueblo Juma estaban en riesgo extremo. Ahora, el último hombre sobreviviente del pueblo Juma está muerto. Una vez más, el gobierno brasileño demostró ser criminalmente silencioso e incompetente. El gobierno asesinó a Aruká. Así como asesinó a sus antepasados. Se trata de una pérdida indígena devastadora e irreparable, indican en un comunicado.
«La muerte por complicaciones del Covid-19 del último hombre del pueblo Juma, el guerrero Amoim Aruká, es desgarradora» denuncian las organizaciones indígenas de Brasil.
Amoim Aruká tenía entre 86 y 90 años de edad y falleció alrededor de las 9 a. m. del miércoles 17 de febrero por una insuficiencia respiratoria aguda por infección en el Hospital de Campaña Regina Pacis, en la capital de Rondônia.
Antes de ser trasladado a la UCI del Hospital de Campaña, Aruká Juma recibió en enero el “tratamiento temprano” del Covid-19 en el Hospital Sentinela de Humaitá, en el sur de Amazonas.
La agencia Amazônia Real recibió el martes 16 de febrero información de un profesional de Casai Humaitá, a través de Whatsapp, describiendo que el guerrero Aruká Juma recibió medicamentos no indicados para el tratamiento de Covid-19 en el Hospital Sentinela, en Humaitá.
Según el profesional, la lista de medicamentos recetados para el tratamiento incluía azitromicina, ivermectina, nitazoxanida y sulfato de zinc.
Esos remedios son parte del cóctel de “tratamiento temprano” promovido por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro y según las autoridades médicas no son recomendables para los pacientes con Covid-19.
Un pueblo victima del genocidio
Y es que el pueblo Juma es víctima de numerosas masacres a lo largo de su historia. «De 15.000 personas a principios del siglo XX, se redujo a cinco personas en 2002».
«Se trata de un genocidio comprobado pero nunca castigado, que llevó a su pueblo al exterminio casi completo».
Historia de exterminio
La última masacre del pueblo Juma ocurrió en 1964 en el río Asuán, en la cuenca del río Purús, y fue perpetrada por comerciantes tapauá interesados en el sorgo y el castaño ubicados en el territorio Juma.
En esa masacre fueron asesinadas más de 60 personas, de las cuales solo siete sobrevivieron. Entonces Aruká tenía aproximadamente 15 años, y fue testigo de la mayor masacre que sufrió su pueblo.
Los miembros del grupo de exterminio contratados por los comerciantes informaron haber disparado a los juma como si dispararan a los monos.
Los cuerpos indígenas fueron vistos por pobladores ribereños de la región luego de la masacre, sirviendo de alimento a los jabalíes, incontables cabezas decapitadas esparcidas por el suelo del bosque.
El autor intelectual del crimen, consciente de lo sucedido, se jactó de ser el responsable de librar a “Tapauá de estas feroces bestias”.
Esta historia nunca debe olvidarse indican las organizaciones indígenas COIAB, APIB y el Observatorio OPI.
La heroica resistencia de Aruká
El guerrero Amoim Aruká fue uno de los sobrevivientes que prosiguió su lucha de resistencia, viendo a su pueblo al borde de la desaparición.
Luchó por la demarcación del territorio Juma, que recién fue aprobado en 2004, la Tierra Indígena Juma (TI).
Los sobrevivientes de Juma, a pesar del riesgo de desaparición, vieron crecer nuevamente a su gente en la década de 2000, a través de matrimonios con el pueblo indígena Uru Eu Wau Wau, pueblo indígena también de lengua Tupi-Kagwahiva.
La responsabilidad del gobierno de Bolsonaro
Por estar sujetos a una inmensa vulnerabilidad y riesgo de desaparición, se considera que el pueblo Juma es de contacto reciente y se encuentra entre los pueblos que deben ser especialmente protegidos por Barreras Sanitarias.
La instalación de esas Barreras Sanitarias fue determinada por la Corte Suprema Federal de Brasil a solicitud de los pueblos indígenas articuldos en la COIAB y la APIB.
Ante el avance de la pandemia del COVID-19 representantes de ambas organizaciones solicitaron en julio de 2020 la Declaración de Incumplimiento del Precepto Fundamental 709 (ADPF 709), que fue aceptada por el ministro Luís Roberto Barroso.
Sin embargo, ante las dificultades alegadas por el gobierno de Bolsonaro, el ministro dio como plazo hasta septiembre de 2020 para que se instalen las Barreras Sanitarias en la Tierra Indígena Juma.
En agosto de 2020, el gobierno de Bolsonaro anunció que construiría la Barrera sobre el río Assuã, en la Reserva Biológica (REBIO) Tufari, en las afueras de la Tierra Indígena Juma.
Se detalló que sería una Barrera Sanitaria compuesta por la Policía Militar y el Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI-Humaitá).
Sin embargo, en diciembre de 2020 el gobierno manifestó que haría un solo puesto de control de acceso en la Carretera Transamazónica BR 230, pero no demostró su efectivo funcionamiento.
Si el puesto de acceso funcionó o no, como llevaban meses exigiendo los representantes de COIAB y APIB en las Salas de Situación con el Gobierno de Bolsonaro, ya no importa para Aruká.
«Lo que se sabe es que ahora está muerto. Es triste que los pueblos indígenas tengan que probar sus apelaciones con sus propios muertos» indica el pronunciamiento de las organizaciones.
COIAB y APIB advirtieron a tiempo que los pueblos indígenas de contacto reciente estaban en riesgo extremo. Ahora, el último hombre sobreviviente del pueblo Juma ya está muerto.
«Una vez más, el gobierno brasileño demostró ser criminalmente silencioso e incompetente. El gobierno asesinó a Aruká. Así como asesinó a sus antepasados, es una pérdida indígena devastadora e irreparable» concluye el comunicado suscrito en Manaus, Amazonas, el 17 de febrero de 2021.
Por: Servindi
