Existe en el caso del territorio y la población donde se encuentra el proyecto minero Las Bambas un desafío de comprensión y entendimiento del país, de su diversidad, del papel de los actores, de la institucionalidad y la política en los procesos de desarrollo.
Las cifras de pobreza, los bajos niveles de empleo, producción y precariedad son una realidad palpitante en una zona que aparece en el discurso oficial por el potencial de beneficios que deberían generar la explotación de sus recursos.
La promesa de desarrollo desde el discurso oficial desde el Estado y desde el sector empresarial habla de destrabar las inversiones, cotizar en el mercado internacional, ampliar las inversiones y expandir los proyectos en la zona. Pero desde el discurso no oficial de la población hay otros temas en juego: sus derechos, el medioambiente, la falta de institucionalidad y las diferencias que afectan a los miembros de sus comunidades.
Es necesario que estas diversas perspectivas dialoguen en igualdad de condiciones. Una imagen que ha predominado en los últimos meses es, por un lado, la ineficiencia del Estado y el incumplimiento de sus compromisos; y por el otro, la respuesta de inconformidad de los actores con los arreglos propuestos por pagos de derecho de paso y servidumbre, o de renegociación de condiciones de aceptación de la empresa que aparecen como presión y chantaje.
Eso lo hemos visto en la última negociación del Ejecutivo representado por el vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra, quien tuvo como respuesta una contrapropuesta de parte del alcalde de la provincia de Cotabambas, Odilón Huanaco.
Una vez más es necesario preguntarse cuáles son las constantes que aparecen en los conflictos.
Recordemos que hay un proceso en curso con una propuesta del vicepresidente y ministro Vizcarra que se busca plasmar en un Plan de Desarrollo para Cotabambas.
Este ha sido un gran esfuerzo de mediar en un conflicto que se originó por la falta de información por las modificaciones del EIA y otros impactos ambientales que tuvo como trágico saldo a un muerto, Quintino Cereceda, y varios heridos.
En los aspectos técnicos el Plan de Desarrollo elaborado tiene un énfasis en promover los servicios básicos de agua y saneamiento, la infraestructura básica (vías de acceso, puentes y carreteras) y aspectos sociales para mejorar la salud, la educación y la producción local. Los temas ambientales desaparecen, la presencia de la empresa sólo destaca a la hora de señalar el aporte presupuestal, aunque se pidió un plazo para que la empresa replanteara el EIA.
Sin embargo, el fortalecimiento de la institucionalidad queda para el largo plazo. En conclusión, se desarticula la presencia e impactos del proyecto con el territorio, dejando de lado aspectos como la provisión de agua y acceso a los recursos naturales, entre otras prioridades del proyecto de desarrollo local.
La contrapropuesta, por su parte, prioriza 80 pedidos, en su mayoría proyectos educativos, sólo algunos referidos al medio ambiente. Pide al Estado autonomía y a la empresa fundamentalmente un aporte social equivalente al 50 por ciento de todas sus ganancias.
Posición a la que no se suman líderes, como Rodolfo Abarca, presidente del Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, por no priorizar el tema ambiental.
Con esa fragmentación de posiciones de líderes y voceros de organizaciones y comunidades frente a la del alcalde y aliados se muestra una agenda oculta que es la de estas autoridades, algunos presidentes y miembros de las comunidades.
Finalmente, aparece el tema de los derechos humanos y el retiro de las denuncias de los líderes procesados que generan inestabilidad, incertidumbre y malestar como una constante.
Si se cumpliera en este caso el Convenio 169 de la OIT se establecería el derecho de las poblaciones indígenas o campesinas a elegir el tipo de desarrollo que quieren de acuerdo a sus condiciones de vida.
Aquí también se incluye el derecho al cuidado del medioambiente como una forma de garantizar la reproducción de sus formas de vida, de producción y relación con los recursos naturales. Todo ello se debe tener en cuenta.
Algo que no se debe permitir en ninguna de las posiciones es el chantaje, ni de la empresa hacia la población y las instituciones, ni viceversa, porque ese es un acto de discriminación que profundiza las diferencias y desigualdades entre los actores.
El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski y su gabinete deben recordar que la política debe promover la construcción de consensos tomando en cuenta las posiciones de cada uno de los actores y de sus representantes.
Lo contrario corre el riesgo de llevarnos a un punto muerto que dificulta cualquier intento de fortalecer e impulsar procesos de desarrollo con la participación de las poblaciones y de sus comunidades en el país.
Redacción: Servindi
