El gobierno de Jair Bolsonaro asestó un duro golpe a la conservación de la Amazonía. Luego de comparar a las comunidades indígenas que viven en reservas con animales de zoológicos, en su primer día de mandato aprobó un decreto que hace responsable al Ministerio de Agricultura de certificar la protección de los territorios indígenas. La cartera fuertemente influenciada por el lobby agrícola desplaza a la Fundación Nacional del Indio (Funai).
Durante su campaña, el capitán retirado del Ejército logró atraer al poderoso grupo de empresarios agrícolas con promesas de “inversión” e impulso del crecimiento económico mediante la reducción de las regulaciones de protección ambiental.
La medida provisional transfiere los poderes de Funai a un Ministerio de Agricultura liderado por Tereza Cristina Costa, una conocida terrateniente y líder de la bancada de los propietarios rurales en el Congreso. El hecho pinta un panorama incierto para las comunidades indígenas, ya que dichos grupos siempre han estado en conflicto con los grandes propietarios rurales.
Esto significa que Costa será la responsable por asignar las tierras correspondientes a indígenas y campesinos sin tierras, sectores que siempre han estado en conflicto con los grandes propietarios rurales.
“De hecho, menos de un millón de personas habitan en esas regiones aisladas de Brasil y organizaciones no gubernamentales las explotan y manipulan”, escribió. “Juntos, vamos a integrar a esos ciudadanos y a cuidar de todos los brasileños”, en una clara declaración paternalista.
Según información de The New York Times existen 436 zonas designadas formalmente como territorios indígenas autónomos, en ellas habitan los 900.000 indígenas del país (menos del 0,5% de la población). Y, en alrededor de la mitad de ellos, Brasil aún no culmina con el proceso de expulsar a poblaciones que no son indígenas.
Además, más de 120 territorios que las comunidades nativas reclaman como suyas aún se encuentran bajo escrutinio. Cuando apenas era candidato a la presidencia, Jair Bolsonaro prometió que los grupos indígenas no recibirían “ni un centímetro más” de reservas.
Ante tal panorama, los ambientalistas unen sus voces para defender a los pueblos nativos como los últimos custodios de la Amazonía, sobre todo porque la mayor parte de la selva amazónica se encuentra en Brasil.
Mientras que los grupos indígenas advirtieron que la orden del presidente conduciría a «un aumento de la deforestación y la violencia contra los indígenas».
Bolsonaro comienza así a cumplir sus promesas electorales que incluían «abrir las tierras indígenas a la actividad comercial», puesto que antes de su ascenso a uno de los países más poblados de América Latina, ya había anunciado su intención de flexibilizar licencias ambientales que permitan los agronegocios en tierras del Amazonas.
Incluso, su flamante ministra de Agricultura es conocida como “la musa del veneno”, por haber dirigido una comisión parlamentaria que aprobó normas para despenalizar el uso de agrotóxicos en el país.
Mientras que el Ministerio del Ambiente se halla en manos de un investigado por fraude ambiental, el abogado Ricardo Aquino Salles. Desde el 2017, es investigado por el Ministerio Público de São Paulo bajo la acusación de alterar ilegalmente el plan de manejo de un área de protección ambiental, en la Várzea del Río Tietê, «con la clara intención de beneficiar a sectores económicos».
Con el ascenso de la ultraderecha, Brasil se aproxima a un desastre ecológico.
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/1389461-brasil-jair-bolsonaro-aprobo-decreto-responsable-ministerio-agricultura-certificar-proteccion-territorios-indigenas-amazonia-funai
