Con más de una década de mora se sanciona en la Asamblea Nacional, el pasado martes el proyecto Ley Educación Intercultural Bilingüe sustentada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999, al establecer el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, tomando en consideración sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones. (Artículos 119 y 121).
De acuerdo al mandato constitucional y supranacional, el Estado y sus instituciones deben materializar en los distintos niveles educativos la inclusión de los sistemas de enseñanza para los pueblos indígenas atendiendo lo desarrollado en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005); Ley Orgánica de Educación (2009) respectivamente.
Y algunos pensarán, y ¿por qué con tantos problemas en el país, precisamente cuando niños indígenas mueren por desnutrición y la hambruna se sembró en estas comunidades, esta ley puede ser tan importante? A lo cual respondemos, que su creación comporta la posibilidad de una participación social con más definiciones que imposiciones, porqué hasta los momentos el Gobierno ha manipulado abiertamente a estas sociedades y, con la sanción de esta ley, queda totalmente desenmascarado en su falta de voluntad política por reivindicar las culturas originarias.
Prueba de ello es que cuando se sancionó el proyecto de Ley de EIB en la Asamblea Nacional, la bancada oficialista votó en contra, argumentando la diputada oficialista Keyrineth Fernández por el Zulia, no tener razones de fundamento para apoyar la propuesta, desde esta postura se evidencia la falta de voluntad oficial por reivindicar a las sociedades indígenas.
Lamentablemente, la gura indígena se convirtió en un símbolo que adorna los actos oficialistas, y no son vistos como una prioridad social en la reivindicación histórica de estos pueblos. El sistema educativo carece de una infraestructura para la educación intercultural bilingüe. Todos los expertos en esta materia saben que los espacios abiertos actualmente no están acondicionados debidamente para generar una educación de calidad, la planta profesoral la cubren los que se visten de franela roja desplazando a personas preparadas en la materia.
En las universidades no se está formando para esta área, muchas veces porque los entes oficiales encargados de aprobar los programas académicos a nivel pregrado y postgrado, niegan esta posibilidad. De acuerdo a ello, el Estado no está garantizando el derecho humano a la educación a este sector de la sociedad y, los líderes indígenas en funciones de gobierno se convirtieron en dinosaurios que controlan el poder solo para ellos y sus allegados. Ante los nuevos escenarios planteados, los indígenas también exigen inclusión y diálogo, sin duda alguna esta ley servirá de instrumento para el mismo.
Rubia Luzardo/ Informacion Versión Final
