Los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam firmaron el viernes 6 de setiembre de 2019 el Pacto de Leticia. Esta declaración es un instrumento de soft law sobre la degradación del bosque amazónico, carece de mecanismos de implementación, seguimiento, monitoreo y sanción. Es un ejercicio discursivo que puede, eventualmente, ser útil en el marco del derecho internacional o del desarrollo institucional regional. Por ello veamos qué elementos se conjugan y articulan en el contexto de la declaración.
Pero sobretodo el Pacto de Leticia fue una oportunidad de evadir el pedido de Maduro de tener una reunión presidencial en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica. Es muy probable que no se avance más en implementarla y que los beneficiarios directos sean solo los ejecutores del proyecto Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía, pero también es cierto que hay más elementos a considerar como veremos.
A la cita asistieron el presidente colombiano, Iván Duque, el peruano Martín Vizcarra, el boliviano, Evo Morales, y el ecuatoriano, Lenín Moreno, así como el vicepresidente de Surinam, Michael Ashwin Adhin; el canciller brasileño, Ernesto Araújo, y el ministro de Recursos Naturales de Guyana, Raphael Trotman. Jair Bolsonaro no asistió aunque participó mediante una videoconferencia, debido a que iba a ser sometido a una intervención quirúrgica. Quizás hubiera sido más claro el compromiso brasileño con una delegación mayor que dejara clara la determinación de Brasil en el tema. No se invitó ningún representante de Venezuela.
La convocatoria a firmar el Pacto parece querer atender algunos temas de la agenda política regional:
- Hacer una declaración esquivando la posibilidad de atender el pedido de Venezuela en el ámbito de la OTCA de tener una reunión sobre el tema
- Reaccionar frente a la crítica mundial por los incendios en la Amazonia, que aunque fueron más graves en 2010, solo ahora lograron una atención de la prensa y de los medios sociales impactando en el escenario político internacional. Durante el evento Bolsonaro afirmó que los incendios han sido una excusa para atacar a Brasil y poner en peligro su soberanía, mientras Evo reiteró que es el capitalismo el que destruye;
- Responder a la crítica de los países europeos sobre inacción de los gobiernos amazónicos, como lo confirma el Presidente Vizcarra quien dijo que la ‘sensibilidad mundial por los incendios que están afectando los bosques’ son la detonante de la cumbre; y
- Buscar acercar el discurso sobre desarrollo amazónico a la lógica del discurso de la economía verde.
El Pacto contiene 16 líneas de acción que podemos agrupar en 7 ejes para describir el contenido y complementarlo con las reflexiones que sugiere la experiencia:
a) Creación de una Red de Cooperación ante desastres naturales
1. Fortalecer la acción coordinada para la valoración de los bosques y la biodiversidad, así como para luchar contra la deforestación y degradación forestal, con base en las políticas nacionales y sus respectivos marcos regulatorios.
2. Establecer mecanismos de cooperación regional y de intercambio de información que permitan combatir las actividades ilegales que atentan contra la conservación de la Amazonía.
La propuesta de una economía verde presentada por Greenpeace en 2009 derivó en la última década en que el establishment a través de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo OECD y el Banco Mundial instrumentalizaron la idea como el apoyo a los servicios ecosistémicos, los proyectos REDD(1) y las energías renovables. El Compromiso de Bonn, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París toman estos objetivos e impulsan las metas de restauración de tierras y bosques degradados, fortalecer la resiliencia de los ecosistemas, la gestión integrada de paisajes, la capitalización de los servicios ambientales, la promoción del manejo forestal sostenible y el aprovechamiento sostenible de recursos naturales.
Sin embargo, este enfoque de impulsar la valoración económica, los esquemas de pagos por servicios ecosistémicos y los proyectos de reducción de deforestación hasta la fecha no tenido resultados ejemplificadores, ni se han logrado grandes avances en las legislaciones nacionales, más allá de normas generales. En el periodo de 2005 a 2015, es decir antes de implementarse elementos de la economía verde, Brasil redujo la deforestación en 82%, demarcó tierras indígenas llegando a un 13% de la Amazonia y amplió la creación de áreas protegidas alcanzando un 27% de la Amazonia. Mientras que los proyectos REDD que llevaron un billón de dólares a Indonesia no pueden mostrar resultados similares. En otros países los proyectos REDD son menores en financiamiento y avances.
La propuesta de la economía verde es el inicio de un proceso transicional hacia una sustentabilidad fuerte que probablemente sea lo que hoy se llama bioeconomía por tanto, incluso con economía verde continuamos en una sustentabilidad débil (Arce 2019). En esta transición es indispensable la formalización de las varias formas de tenencia de la tierra y los recursos forestales y no solo de la propiedad privada, acompañadas de sistemas robustos de protección de derechos y garantías, frente a los conductores de la deforestación y la degradación. Esto requerirá combatir el crimen de tala ilegal y el cambio de uso no autorizado de forestal a agrícola, no solo deteniendo al talador y al cómplice si no sobre todo asegurándose de sancionar penalmente al financista de la actividad.
Este es solo un elemento, pues como veremos, los incendios obedecen a la progresiva penetración del mercado y sus demandas sobre lo que antes fue el cerrado bosque amazónico. La primera avanzada a las áreas ignotas son las industrias extractivas, estableciendo contacto o conflicto con los indígenas en aislamiento. Luego siguen madereros, agricultores de varios tipos, luego los asentamientos y finalmente la urbanización. Es decir, lo que está en el fondo de la cuestión es el modelo de desarrollo. De hecho, la Amazonia ha continuado con el desarrollismo de viejo cuño como 6 proyectos entregados en Ecuador a inversiones chinas para el desarrollo de hidroeléctricas, producción petrolera y minería afectando tierras indígenas, áreas protegidas y la biodiversidad y en un caso además de todo lo anterior afecta el territorio y la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento Taromenane y Tagaeri (CDES 2018).
b) Atención a las zonas afectadas por incendios y minería ilegal
3. Crear la Red Amazónica de Cooperación ante desastres naturales entre los Centros de Operaciones de Emergencias para coordinar y articular los sistemas nacionales de prevención y atención de desastres con el objeto de atender de manera efectiva las emergencias de impacto regional, como incendios forestales de gran escala.
4. Intercambiar e implementar experiencias en el manejo integral del fuego, fomentando el desarrollo de políticas, instrumentos y acciones técnicas, basadas en la prevención de incendios forestales, la promoción de alternativas al uso del fuego en el medio rural y el fortalecimiento de capacidades técnicas, científicas e institucionales.
5. Concretar iniciativas de restauración, rehabilitación y reforestación acelerada en las zonas degradadas por incendios forestales y actividades ilegales incluyendo la extracción ilegal de minerales con miras a la mitigación del impacto y recuperación de especies y funcionalidad de ecosistemas.
El único control del fuego exitoso que se conoce es el practicado por pueblos indígenas y éste solo funciona en condiciones de baja densidad poblacional, pequeña extensión del área a quemar, relativa escasa frecuencia, entre otros. Con el aumento de la población o la intensificación de los asentamientos se reducen los periodos de descanso (barbecho), se expande el área a quemar y por tanto se acelera la degradación y deforestación. Todos los otros esquemas son altamente costosos y son, por decir lo menos, ineficientemente implementados como lo muestran los incendios anuales que afectan a ciudades de California en EUA o Nueva Gales del Sur o Queensland, en Australia. Los incendios en la Amazonia fueron combatidos institucionalmente y aun así tuvieron un pico en 2010 por las difíciles condiciones climáticas, pero probablemente también por la expansión de actores como Blario Maggi,(2) el rey de la soya.
Quienes realizan las quemas en la Amazonia pueden clasificarse en varias categorías:
- Pequeños agricultores que se asientan de manera dispersa en el bosque amazónico, solo tienen su mano de obra familiar deforestan en promedio 1.5 a 2.5 hectáreas por año;
- Pequeños agricultores ubicados en frentes de colonización o asentamientos a lo largo de carreteras, cuyo efecto acumulativo es la llamada espina de pescado o parrilla que degrada progresivamente y que con el tiempo da paso a episodios de deforestación más consolidados. Los he visto operar en las provincias de Sucumbíos y Napo, donde en 1992 la chiva (camión con bancas de madera) discurría por el camino de tierra acariciada por las ramas de los árboles y la vegetación. Hoy la zona es dominada por una carretera consolidada con propiedades y asentamientos que ingresan en dirección al bosque por decenas de kilómetros, mientras la fauna y la vegetación han retrocedido en esa misma dirección. En Ecuador este proceso era resultado de la entrega de tierras a manos del instituto de reforma agraria y colonización IERAC. He observado procesos similares de degradación forestal a lo largo de la carretera Interoceánica Sur entre Perú y Brasil. En Perú se puede ver hoy a estos agricultores en formaciones gigantescas en los bordes del Parque Nacional Cordillera Azul entre Ucayali y San Martin y en la provincia de Tahuamanu en Madre de Dios. Muchos de ellos son los israelitas del Nuevo Pacto Universal en busca de formar colonias agrarias con sus prácticas de campesino andino en la Amazonia. Otros son simplemente campesinos como en el caso del café en el suroriente del Bosque de Protección Alto Mayo, donde el inversionista financia el tractor, el traficante de tierras trae los campesinos andinos y la ineficacia del Estado construye escuela, centro de salud y carretera dentro de una área protegida sin autorización del ente respectivo;
- Medianos propietarios y hacendados como la alianza entre hacendados y colonos menonitas en la Chiquitania impulsados por Evo(3) quienes continúan quemando la región para dedicarse a la producción de commodities para el mercado mundial;
- Grandes inversiones dedicadas a la producción de commodities como soya, ganado y palma que deforestan polígonos de decenas de miles de hectáreas o más para la producción de gran escala;
- En el caso del Arco Minero del Orinoco, de 112,000 kilómetros2, el gobierno de Venezuela impulsa la explotación de oro y otros minerales y se ha registrado centenares de explotaciones mineras que destrozan y contaminan bosques y ríos en medio del hábitat de pueblos indígenas (Márquez 2019). Mientras en Perú la minería afecta el sector La Pampa al lado norte de la carretera Interoceánica Sur ente Puerto Maldonado y el piedemonte andino.
Frente a esta situación los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica negociaron desde 2011 implementar acciones de cooperación para la prevención de los incendios. Una serie de reuniones presenciales y virtuales, cursos y talleres contribuyeron a desarrollar las capacidades de intercambio de información y preparación para la acción coordinada. Así también, se elaboró una propuesta de proyecto sometido a la cooperación regional e internacional para contar con fondos que permitan implementar los aprendizajes y recomendaciones logrados. Así la OTCA era el actor central, pero al parecer una convocatoria de la cancillería venezolana para una reunión ministerial sobre el tema llevó a los mandatarios a abandonar el espacio. ‘La decisión de no utilizar la OTCA parece ser política’, dijo a IPS, desde Washington, Lisa Viscidi, directora del programa de Energía y Cambio Climático en la organización Diálogo Interamericano. Mientras Duque acusó a la OTCA no haber tenido suficiente liderazgo a nivel presidencial para una protección armónica, confiable y basada en indicadores (Márquez 2019). La afirmación de Duque contrasta con una década de esfuerzos de organizarse para enfrentar los desastres y los incendios a los que los estados amazónicos se negaron a financiar y preferían que fuera la cooperación quien lo hiciera. Para ello se tocó las puertas de la CAF y de la Cooperación italiana.
La secretaría de la OTCA reconoció en un comunicado en agosto que aún gestionaba financiamiento para desarrollar y fortalecer sus programas de monitoreo de la degradación y recuperación forestal en la Amazonía, así como para la planificación para la gestión del riesgo de incendios forestales. Igualmente para el uso de tecnologías para alertas tempranas y fortalecer la gestión de información como base para la planificación de la prevención, control y combate de incendios forestales, entre otros aspectos que preceden la acción física contra los incendios (OTCA 2019).
El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil indica que los fuegos aumentaron en 91% comparados con el mismo periodo de 2018, es decir entre que Bolsonaro fue candidato y ahora que es presidente. El INPE también confirma que no hay condiciones climáticas especiales que hayan atizado el fuego.
En el suroeste del estado de Pará, los terratenientes realizaron una convocatoria para que el 10 de agosto sea un ‘día de fuego’ haciendo quemas simultáneas a los márgenes de la carretera BR 163, para llamar la atención del gobierno afirmando que el ‘único modo de trabajar es tumbando la selva’. Los estados donde hubo un aumento de incendios fueron Mato Grosso do Sul (260%), Rondonia (198%), Pará (188%), Acre (176%) y Río de Janeiro (176%). Entre el 17 y el 19 de agosto, el INPE registró 5.253 focos de incendio en Brasil, 1.618 en Bolivia, 1.116 en Perú y 465 en Paraguay (Brasil de Fato 2019).
Así, el aumento de la deforestación en los estados de Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Rondonía se debe al impulso político dado a los deforestadores por los dirigentes políticos de los gobiernos (Bolsonaro en Brasil y Morales en Bolivia) que han llegado a afectar también a Paraguay. Bolsonaro asumió el mando y buscó debilitar la agencia ambiental y la agencia de protección a los indígenas. Fusionó el Ministerio del Medio Ambiente con el de Agricultura y se designó al abogado Ricardo Salles como ministro. Marina Silva lo califica como abogado del sector más arcaico de los agro negocios acusado de operar al servicio de los interesados en deforestar. Hugo Blanco llama a esta situación el resultado de la fascistización política que ‘se presenta también como una fascistización contra la naturaleza’ (Lucha Indigena 2019, 9).
Mientras que desde que Evo llegó al poder deslindó con las organizaciones indígenas amazónicas y favoreció la colonización de las tierras bajas y las industrias extractivas. Evo Morales ha implementado políticas nacionales de ampliación de la frontera agrícola, trasladando familias enteras de Collas (población andina) hacia las tierras bajas de Bolivia, para deforestar y sembrar, más allá del hecho que estas tierras no son aptas para cultivos permanentes está el hecho de la visión del presidente colono que en la esfera internacional es confundido como genuino representante de la población indígena un atributo que los indígenas amazónicos le niegan. También este gobierno, aprobó la construcción de una carretera que parte en dos un área protegida y en mil las tierras comunitarias indígenas del Isiboro Sécure, todo esto con la visión del IIRSA.(4) Más recientemente Evo propuso ‘quemas controladas’, sin generar las herramientas para ello y dejándolo en las manos de quienes no tienen control. En Perú, las Interoceánicas las construyó Odebrecht y ahora una empresa China se prepara para dragar el Amazonas, el Marañón y el Ucayali.
La referencia a la restauración y rehabilitación está claramente dentro la lógica de la teoría de cambio de la reducción de emisiones por degradación y deforestación (REDD) que toma la economía verde y la convierte en esquemas de promoción de restauración de tierras degradas. Este discurso se implementa a través del Fondo Global para el Ambiente (GEF) y el Fondo Verde para el Clima, entre otros. Estas iniciativas, si bien tienen la experiencia y la relativa efectividad de actores como Banco Mundial o PNUD, su capacidad de ejecutar en campo es intermediada por las burocracias nacionales, usualmente ineficientes para promover agricultura que no sea de gran escala. Solo han sido eficientes para permitir el ‘laissez faire, laissez passer’ en favor del capital agroindustrial o ganadero. Los avances de proyectos de restauración se vienen dando de la mano de ONG con financiamiento externo o de la mano de privados que toman el toro por las astas y sin financiamiento alguno.
De otro lado, si bien se menciona la reforestación, una propuesta que respalda las plantaciones de especies comerciales, muye en la línea del Acuerdo de Paris, REDD y la restauración, pero no se menciona la también muy importante propuesta de la regeneración natural del bosque nativo degradado que, requiere sin embargo condiciones política favorables para dejar que la naturaleza retorne progresivamente. Aquí hay que tener claridad de los objetivos que tendrá el área forestada, si se trata de pulpa para papel la reforestación es el camino, si se trata de recuperar el bosque y su biodiversidad la regeneración parece ser más adecuada.
En cuanto al tema del combate a la minería ilegal, que en el caso del Perú se ha sostenido extrañamente durante los gobiernos de García, Humala, Kuczynski y Vizcarra, aparece aquí como un tema ya no nacional en Colombia y Perú sino como problema regional. Este es, de hecho, un tema favorito de la agenda norteamericana.
c) Vigilancia y sistema de alertas tempranas
6. Incrementar los esfuerzos asociados al monitoreo de la cobertura boscosa y demás ecosistemas estratégicos de la región con el fin de contar con informes periódicos, en particular, en lo que respecta a la generación de un sistema de alertas tempranas por deforestación y degradación para actuar con un enfoque preventivo.
7. Intercambiar información para mejorar las capacidades de monitoreo del clima, la biodiversidad y los recursos hídricos e hidrobiológicos de la región bajo un enfoque de cuenca hidrográfica y basado en comunidades.
Los sistemas de monitoreo satelital pueden ser una herramienta de apoyo a las autoridades forestales nacionales, regionales y locales, así como a la sociedad civil.(5) Estos sistemas pueden generar alertas de las actividades de degradación y deforestación. En base a ello, las autoridades forestales así como los comités de gestión de bosque pueden verificar en campo e iniciar un procedimiento administrativo sancionador, el mismo que, según el caso, puede involucrar a la autoridad policial y judicial y contener sanciones penales.
Para que el monitoreo sea efectivo, la autoridad forestal debe poder comparar la información provista en la planificación con la información en tiempo real de cómo vienen ocurriendo estas operaciones en campo, sean la corta de los árboles, la preparación de las trozas y tablones, su transporte, transformación y comercio. Para ello, la fiscalización debe contar con conectividad en tiempo real y utilizar un aplicativo que permita subir información detallada de la licencia forestal, el plan de manejo forestal, la guía de transporte, entre otros. Se debe establecer la obligación de reporte diario de la producción en las áreas de corte, los almacenes y aserraderos, provistas por el titular de la licencia, por los puestos fijos de control forestal, así como por los comerciantes intervinientes y los ciudadanos interesados; colocar chips en los camiones a fin de verificar la rutas de sus traslados, los tiempos y lugares de parada entre otros detalles.
Dourojeanni (2018 y 2019) indica que el futuro de la gestión forestal debería orientarse a apostar por los bosques para servicios ambientales y no tanto para la producción generalizada de madera, leña y carbón; eventualmente aprovechar, con toda la base científica, de monitoreo, reporte y verificación, trazabilidad y demás, la madera de especies valiosas que, por tanto, paguen los costos del manejo forestal. Esta es la propuesta de la producción de la ‘madera gourmet’.
De otro lado, siendo que el número del personal del Estado es siempre menor que el número de la población, es necesario anidar nuestra fiscalización de la tenencia y del cumplimiento de la legislación sobre tierras y bosques no solo en el sector público y sus funcionarios sino también de manera compartida instalar estas capacidades en la academia y la sociedad civil para involucrar a los medios, las comunidades locales y el público en general en la prevención, la detención y la supresión del crimen forestal y el tráfico de tierras.
d) Promoción del uso sostenible de los ecosistemas
8. Promover iniciativas de conectividad de ecosistemas prioritarios y figuras de protección para la conservación de la biodiversidad por medio del uso sostenible, restauración y gestión de paisajes, respetándose las soberanías nacionales.
9. Intercambiar e implementar experiencias en el manejo integrado de los sistemas de áreas protegidas de los países amazónicos en los niveles regional, nacional y subnacional para su gestión efectiva y en beneficio de las poblaciones locales, a través de la promoción del desarrollo de programas y/o proyectos de conservación y uso sostenible.
10. Fortalecer los mecanismos que apoyen y promocionen el uso sostenible del bosque, los sistemas productivos sostenibles, los patrones de producción y consumo responsable y que promuevan las cadenas de valor y otros enfoques de producción sustentable, incluyendo las basadas en la conservación de la biodiversidad.
En esta línea Arce (2019) nos indica que hay que considerar dos perspectivas: la de la ecología funcional que da una mirada ecosistémica más allá de las especies comerciales viendo al bosque como un todo funcional y la visión de la ecología socioecológica.
La conectividad es un término del ámbito de la gestión de las áreas protegidas como fue el caso del proyecto trinacional Colombia, Ecuador y Perú. Este enfoque tiene oposición en ciertos sectores tradicionalmente nacionalistas y en la incompetencia de quienes no pisan el campo y se preocupan más por no alejarse de los tranquilos, anodinos y poco eficientes modelos de ‘lo que siempre se ha hecho así’. La propuesta de manejo integrado de sistemas de áreas protegidas en los países amazónicos solo busca reiterar el enfoque que lo ya se aplica y no avanza en ninguna nueva propuesta.
e) Empoderamiento de mujeres indígenas
11. Impulsar acciones conjuntas orientadas al empoderamiento de las mujeres que habitan la región amazónica para fortalecer su participación activa en la conservación y desarrollo sostenible de la Amazonía.
12. Fortalecer las capacidades y la participación de los pueblos indígenas y tribales y de las comunidades locales en el desarrollo sostenible de la Amazonía, reconociendo su papel fundamental en la conservación de la región.
La degradación del bosque amazónico es una desgracia ambiental y social. En el lado social se afectan los pueblos indígenas en aislamiento voluntario a las comunidades nativas tituladas pero también en los nuevos espacios ocupados por las economías informales campea el crimen. En el sector de La Pampa, en el sector norte de la Interoceánica Sur en Madre de Dios se combate la minería ilegal y la trata de personas. Luego de la operación Mercurio 2019, los negocios de explotación sexual se han trasladado a otras 14 zonas de minería informal donde el gobierno permite la extracción de oro. La intervención militar y policial proyectó rescatar hasta 2.000 mujeres y menores, pero la cifra solo llegó a 120. Entre ellas había personas de Puno, Cusco y Huánuco (Ojo Publico 2019).
Esta declaración de buenas intenciones se contradice con la pobre implementación gubernamental del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, los procesos pendientes de dialogo de políticas públicas entre los Estados y las organizaciones indígenas amazónicas, por ejemplo, los procesos aun abiertos y sin visos de concluir en Bolivia y Colombia. Más bien, en la práctica, los estados amazónicos tienden a integrar a los pueblos indígenas como personas a nivel individual y más bien rechazan coordinar orgánicamente con las dirigencias indígenas. Similarmente tienden a negar que el impulso de las organizaciones indígenas es el que hace posible definir horizontes para el desarrollo de la política pública indígena.
Bolsonaro cuando candidato anunció estar en contra de la protección a la tierra indígena de Raposa da Serra. Ahora, durante su intervención en videoconferencia en el Pacto de Leticia, denunció la ‘industria de demarcación de tierras indígenas’ como parte de un ataque internacional contra Brasil que, según él, las potencias extranjeras quieren forzarlo a demarcar tierras indígenas.
La legislación amazónica sobre tenencia de la tierra, con todas sus dificultades y problemas, tiene una robustez moderada en sus textos, que requiere ser más sólida en la acción, la implementación, el control y la sanción de políticas. Dos terceras partes de los pueblos indígenas disfrutan de derechos moderados de tenencia de la tierra, mientras que un tercio se encuentra en una situación de tenencia de la tierra débil o muy débil (Soria 2016 b, 57-58). Aun así, esta legislación es más fuerte que la legislación asiática y africana sobre la misma materia. Los estudios de CIFOR en los 5 continentes demuestran que la titulación de las tierras es importante pero no garantiza la conservación, para ello se necesita el acompañamiento integral a partir de un diálogo intercultural sobre desarrollo indígena. Así, si bien los proyectos de REDD Indígena Amazónica son interesantes, los casos exitosos de desarrollo indígena no van por lo forestal sino por más bien por los casos de cultivos como café y cacao, en algunos casos inclusive con deforestación.
Los procesos internacionales en curso en apoyo a los servicios ecosistémicos, REDD y economía verde, han favorecido los esfuerzos de tenencia de la tierra que recientemente han comenzado a cristalizar en la titulación de tierras, sin embargo, la muerte de dirigentes indígenas sigue siendo un alto precio a pagar. En el caso del Perú, los esfuerzos actuales de los organismos internacionales y el gobierno peruano en apoyo a la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas involucran a por lo menos once iniciativas.(6)
Los retos institucionales a los que nos enfrentamos en el futuro son: la necesidad de un mecanismo judicial rápido para responder a las reclamaciones relacionadas con la tenencia, los delitos ambientales y otros; una voluntad clara y proactiva para cumplir las corresponsabilidades en un sistema integrado multisectorial y multinivel (MINAGRI, MINAM, Poder Judicial, Ministerio Publico, los gobiernos regionales y otros); la implementación efectiva de la autoridad del Estado en la supervisión y el apoyo a la gestión ambiental en las zonas rurales; y la integración de políticas de promoción de la tenencia colectiva y la conservación de la tierra con políticas para el crecimiento económico (Soria 2015, 17; Soria 2016 b, 58). Sin embargo, esto depende de un gobierno que comprenda la importancia de una agenda diversa y variada para las diferentes formas de tenencia de la tierra como la propiedad privada, propiedad comunal y propiedad pública (Soria 2016 a, 52; Soria 2017 a, 19). Pensar que para apoyar una forma de propiedad, usualmente la privada, es necesario negar oportunidades y debilitar la propiedad comunal y la propiedad pública, es incumplir las obligaciones del Estado para con todos sus ciudadanos y solo estimula el conflicto social y el abuso de derechos, por el contrario, atender el problema en sus diversas dimensiones será el camino para evitar los abusos y con ellos los conflictos. El compromiso de Bolsonaro con los derechos indígenas no parece muy fuerte cuando dice ‘Sí, pensamos en el indio, el medio ambiente, el mosquito, la serpiente, el pez y todo eso. Pero lo que la gente de otro mundo realmente quiere es apoderarse de estas riquezas, esos recursos minerales que ya no existen en abundancia o tanto en otros países’.
El liderazgo político regional está muy influenciado por las fuerzas económicas regionales, que en muchos casos también son fuertes actores políticos locales. Los políticos regionales y los congresistas que dicen representar una región o estado amazónico muchas veces son orgullosos representantes de los intereses de la madera ilegal.
f) Campañas de Educación
13. Fomentar procesos de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología y gestión del conocimiento con el propósito de orientar la adecuada toma de decisiones e impulsar el desarrollo de emprendimientos ambientales, sociales y económicos sostenibles.
14. Desarrollar y articular entre los países amazónicos actividades de educación y creación de conciencia sobre el rol y función de la Amazonía, los principales retos y amenazas que enfrenta para su conservación y uso sostenible de los bosques y la protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades que la habitan; así como sobre los escenarios de riesgo de desastres para el fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones amazónicas.
Esta declaración sobre la transferencia de tecnología parece vacía y hecha para atender a la galería. Lo mismo se dijo en la Alianza del Pacifico y no ha pasado nada. ¿Quién nos va a transferir su tecnología? ¿Serán las corporaciones privadas que cobran cientos y miles de dólares por un software? ¿O se refieren a información de libre acceso que ya está disponible, por lo que no necesitamos ayuda para acceder a ella?
En la práctica tanto la NASA(7) de EUA como el INPE(8) de Brasil tienen sistemas de alertas sobre incendios que afectan la tierra y los bosques. Mientras que ONG como el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Intitute) tiene el Observatorio Global de los Bosques (Global Forest Watch),(9) una base de monitoreo de los bosques y coordina con organizaciones en campo para generar alertas de deforestación y motivar la respuesta de las autoridades locales.
g) Fortalecimiento de los mecanismos financieros
15. Trabajar conjuntamente para fortalecer los programas y mecanismos financieros, reivindicar los compromisos de los países asumidos en estos espacios, movilizar recursos públicos y privados, incluyendo la Banca Multilateral, según corresponda, para la implementación de este Pacto.
16. Avanzar rápidamente en la formulación de la segunda fase del Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía ante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) aprobó, en Octubre de 2015, 113 millones de dólares al Programa de Paisajes Sostenibles de la Amazonia, una iniciativa regional para proteger la Amazonia y combatir el cambio climático. Esta iniciativa abarca a Brasil, Colombia y Perú, que esperaba apalancar varias centenas de millones de dólares adicionales. El periodo de implementación del proyecto es de cinco años por lo que está pronto a terminar.
El programa ofreció mantener 73.000.000 hectáreas de tierras forestales, promover la gestión sostenible de la tierra en 52.700 hectáreas y apoyar las acciones que ayuden a reducir las emisiones de CO2 en 300 millones de toneladas para el 2030. Esta iniciativa se implementa por el Banco Mundial, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El concepto de paisajes forestales sostenibles es sumamente relevante; la pregunta es ¿cómo se implementa? Hasta ahora es un ejercicio neoliberal de corporativismo ambiental más que un enfoque renovador con compromisos sociales y ambientales que atiendan a la diversidad de actores y no solo a las grandes corporaciones.
La teoría de cambio (termino de moda de la jerga de la cooperación norteamericana) del programa Paisajes Sostenible Amazónicos (Amazon Sustainable Landscapes ASL en inglés) propone cuatro componentes principales del Programa: (i) áreas protegidas integradas; (iii) manejo integrado del paisaje; (iii) políticas e incentivos para paisajes protegidos y productivos; y (iv) coordinación y aprendizaje (componente transversal). En la práctica es un programa regional integrado por instituciones oficiales de conservación de áreas protegidas en Colombia, Brasil y Perú.
En realidad, necesitamos un programa no solo con autoridades de conservación o áreas protegidas sino principalmente fuera de estas áreas para impulsar el saneamiento de la propiedad de la tierra publica, comunal y privada, acompañamiento a la producción (agrícola, forestal, pesquera) sostenible, sanción y castigo a actores ilegales y sus financistas, promoción de la conservación con inclusión, dialogo intercambio y aprendizaje conjunto, manejo adaptativo, monitoreo reporte y verificación, entre otros.
El tema de la soberanía
Respecto al tema de la soberanía. Bolsonaro busca acercarse a la administración norteamericana enviando de embajador a su hijo, en un ejercicio de nepotismo muy al estilo de Donald Trump pero que puede tener consecuencias severas sobre el futuro de las relaciones brasileño norteamericanas con impacto sobre buena parte de la América del Sur. Particularmente desde que las dos últimas administraciones en el gobierno de Brasil (Temer y Bolsonaro) cambiaron la posición histórica de no permitir el ingreso de los intereses norteamericanos en el gigante de América del Sur. Esta posición tan severa llegaba hasta la informática, recordemos que Brasil no permitía las computadoras IBM y otras y tenía sus propios sistemas operativos hasta los 1980s. En 2017 Temer invitó a las tropas norteamericanas al primer ejercicio militar conjunto en la región amazónica.
No son las denuncias de Macron las más preocupantes sino más bien las afirmaciones del Journal académico Foreing Policy donde Stephen Walt se pregunta quien invadiría Brasil para salvar la Amazonia y cita a Gilley y Kinsella quienes afirman que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría invocar el artículo 42 para para usar la fuerza militar contra Estados que amenazan las paz y seguridad internacional por su incapacidad para frenar actividades destructivas en sus territorios. Mientras que Alfredo Jalife, por los intereses de la israelí Mekorot por acceder a los recursos del principal acuífero del planeta. Para Isabel Cavelier, el Pacto de Leticia puede convertirse en la plataforma perfecta para legitimar las actividades agroindustriales que impulsa el gobierno de Bolsonaro (Ojo Público 2019).
El Ministro del Ambiente, Ricardo Lozano, enfatizó que el Pacto de Leticia no era un acuerdo más, pues prevé la creación de una red amazónica para articular esfuerzos entre institutos meteorológicos de investigación con el fin de anticiparse a eventos ambientales e intercambiar información sobre actores ilegales que atentan contra el medioambiente. Mientras el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, indicó que el Pacto busca ser una convocatoria global en defensa de la selva. Lo cual avanza la idea que espera que alguien financie sus actividades. Desde París, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, pidió reforzar los instrumentos existentes, como la Convención de Mundial de Patrimonio Natural y Cultural ‘alentar a más Estados a ratificarlos, aumentar las áreas protegidas, fortalecer las capacidades de vigilancia y acción. Es a través de éstos (instrumentos), invirtiendo más y mejor en ellos, que encontraremos soluciones a largo plazo’ declaró (El Universal 2019).
Parece ser que Chile y Colombia, junto con Francia, presentaran a consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas una Nota Conceptual para la creación de la Alianza por la Amazonía (Anónimo 2019) para canalizar recursos del G7 y la cooperación internacional pero sobre todo cumplir el viejo sueño de la posguerra de un foro para internacionalizar la gestión de la Amazonia. Se propone que la Alianza por la Amazonia debería reunir la mayor cantidad de países amazónicos como sea posible, pero también estará abierto a países no amazónicos, bancos multilaterales y actores no estatales. Los objetivos tienen que ver con preservar biodiversidad, desarrollar cadenas de valor y formular prácticas sostenible de gestión de tierras y forestal, promoción del conocimiento tradicional y cooperación a través de las fronteras. ¿Cómo así los países no amazónicos llegan a tener voto y decisión en este espacio? ¿No sería mejor negociar con los estados soberanos y que estos decidan? ¿No es esta acaso la línea del derecho internacional?
Chile, con su rol en el G7 y como sede de la COP 25 de cambio climático, estaría aprovechando la coyuntura para alimentar el protagonismo pero también para posicionarse perspectiva geopolíticamente. De otro lado ya en 1946-1948 se intentó crear el Instituto Internacional de la Hilea Amazónica al amparo de una convención internacional y dentro del marco de UNESCO Nature (1949). En aquel entonces Getulio Vargas, presidente de Brasil (XX-XX) rechazó la presencia de potencias europeas en definir los destinos de la Amazonia. Ya desde entonces se fijó la posición de que los problemas de la Amazonia se debaten al interior de la región y no en las Naciones Unidas. Por ello en 1979 Brasil lideró la creación de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.
Conclusión
En mi opinión, después de haber leído el contenido del documento, luego de un primer análisis, esta parece ser una declaración sin innovaciones, muy a tono con el lenguaje en boga que sirve para lavar la cara de quienes, ante el público, dicen cuidar la Amazonia, pero frente a sus seguidores más cercanos permiten el saqueo de los recursos amazónicos. Es un intento de frenar la crítica internacional por la acción tardía e ineficiente frente a los incendios que, si bien ya se daban con intensidad en la última década, ahora fueron estimulados por las posiciones políticas de estos gobernantes pro deforestación y con ningún interés en respetar derechos indígenas.
De otro lado, una declaración ultima del Pacto sobre ‘Avanzar rápidamente en la formulación de la segunda fase del Programa Paisajes Sostenibles de la Amazonía ante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial’ resulta ser, de un lado, una confesión de parte de quienes son los organismos alimentadores del texto, la burocracia internacional que participa del proyecto y los servicios de áreas protegidas nacionales que hacen de partes nacionales. De otro lado, también nos permite avizorar la extensión e intensidad de estos compromisos y el nivel al que se darán las reuniones de seguimiento de lo aquí comprometido.
En este contexto, es fundamental reafirmar la soberanía de nuestros países amazónicos, fortalecer su institucionalidad, particularmente la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) como órgano regional multilateral del mas alto nivel, avanzar en consolidar nuestros derechos a una gestión integral de los recursos amazónicos en beneficio de nuestra población y del planeta y no solo de los intereses privados. Comprender la importancia de atender a la diversidad, incluye no solo los derechos de privados, productores, pueblos indígenas, ciudadanos, si no también, los propios derechos de la Naturaleza que hacen que la cuenca del Amazonas siga siendo ese espacio vital, multicultural, biodiverso que aporta a la región y al planeta en su conjunto. En tal sentido, el marco constitucional boliviano y ecuatoriano son los encaminados en esta línea. Recientemente se ha formado una red entre congresistas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que han acordado coordinar propuestas normativas para la protección de la Amazonia y la prevención de desastres. Perú tiene un plan nacional pero es una norma sectorial de menor rango. Está en el congreso un proyecto de ley sobre el tema que podría ayudar a elevar el rango de la normativa especializada.
Chomsky (2015) ya nos decía que en 1217 La Carta de Los Bosques(10), en Inglaterra, reflejaba la gobernanza no solo de la tierra para los señores feudales sino también para los comuneros ocupando el bosque. Así, una compleja propuesta de medidas sencillas y sensatas como alguaciles locales y condales articulados con un tribunal itinerante respondían las demandas de justicia sobre la ocupación no autorizada de la tierral la degradación de la flora y la fauna, considerando legitimas medidas para la ocupación por los comuneros, el tránsito de productos menores sin gravamen, entre otros. ¿Qué hemos hecho en un milenio para no avanzar nada en esta agenda y más bien clasificar a los comuneros como incivilizados, violentos y decadentes?. Desde el sistema de Naciones Unidas (FAO 2011 y 2012) hemos formulado parámetros para evaluar y monitorear pero no hemos llegado a nada tan elemental, concreto y práctico como las herramientas de La Carta de los Bosques.
Queda pues el reto de actualizar los instrumentos de gestión y el marco normativo, trasparentar y democratizar la gestión pública hacia la conservación en vez de priorizar la infraestructura gris (cemento y concreto). Los gobiernos en sus políticas y presupuestos prefieren el espacio urbano sobre el rural, la infraestructura gris sobre la verde y la densidad poblacional sobre la dispersión, la producción comercial sobre la producción de subsistencia pese a que esta atiende a la mayor parte de la población rural e indígena. Finalmente, claro que cualquier cambio en esta dirección es un debate sobre el modelo de desarrollo, y en el fondo sobre la idoneidad del capitalismo neoliberal para salvar el clima y el planeta, mientras permite una coexistencia pacífica entre diferentes modelos de vida. Recordemos que la Naturaleza prefiere la diversidad antes que gran cantidad de una especie. Arce y Soria 2019, 47). Es en esta lógica que debemos avanzar con el manejo adaptativo y buscando conciliar la coexistencia de los modos de producción privada, publica y comunal, así como también garantizando los procesos ecológicos esenciales y la continuidad de la biodiversidad.
Fuente: Servindi.
