En Colombia, es tradicional que cada nueva presidencia ofrezca un “Plan nacional de desarrollo” que guiará sus políticas. La administración de Iván Duque acaba de presentar su plan con novedades impactantes. Entre ellas se cuenta incluir la protección ambiental dentro de las políticas de seguridad y defensa, la naturaleza pasa a ser un “activo” que será protegido por militares y policiales, anunciándose la aplicación de “Zonas Estratégicas de Intervención Integral”, que son nuevos instrumentos de control territorial. Todas esas son medidas que afectarán en especial a comunidades campesinas e indígenas.
Parecería que el gobierno no apunta a una decidida protección ambiental como por ejemplo anular la minería de oro ilegal por todos sus impactos ambientales y sociales, sino que se lanza a reclamar para sí mismo ese tipo de extractivismos. Estaríamos ante un nuevo síntoma de la lucha por los excedentes económicos que genera la explotación de la naturaleza.
Es importante revisar algunos componentes de ese plan, ya que, la militarización de la gestión ambiental no sólo está avanzando en Colombia, sino que problemas similares se repiten por ejemplo en Brasil o Venezuela.
Una primera novedad en el Plan de desarrollo colombiano es que el ambiente, la biodiversidad y el agua se incluyen por primera vez dentro de las políticas de “seguridad”, junto a cuestiones clásicas como el control de fronteras y mares para asegurar la soberanía, considerando que es un “activo estratégico” del país. El gobierno entiende que esto es necesario para enfrentar un contexto de futura escasez y eventuales conflictos por el control de los recursos.
Llegar a ese extremo en Colombia significa militarizar la gestión del ambiente. Esto es admitido en el Plan, ya que, esa gestión estará en manos de una fuerza de “Protección Integral Ambiental”, conformada por fuerzas militares y policías, coordinando con la Fiscalía y autoridades ambientales. De este modo, policías y soldados deberían ser los nuevos protectores de la biodiversidad. El Ministerio del Ambiente se sumará al Consejo de Seguridad Nacional. Esa temática deberá integrarse a la Estrategia de Seguridad Nacional y, posiblemente, también en la Estrategia Nacional de Inteligencia.
Al mismo tiempo, al entender a la naturaleza como un “activo” se acentúa su fragmentación. Ese es un término cargado de antecedentes que vienen del mundo empresarial y que se enfoca en algunos recursos naturales que sean económicamente relevantes, pero no en la conservación de todas las plantas y animales.
Esta postura de una “seguridad ambiental” ha sido presentada como una gran novedad, aunque hay algunos antecedentes sudamericanos. Se pueden citar a los gobiernos militares en Brasil iniciados en 1964 y que se adentraron en la década de 1980, apostando por controlar la Amazonia. Sus planes no tenían una intencionalidad ecológica, tal como proteger la biodiversidad en la selva tropical; sino que respondían a una obsesión con el control territorial y encaminar una “colonización” de regiones que se consideraban vacías o desaprovechadas.
Esa mirada no era ingenua, ya que, específicamente, excluía a los indígenas y por ello jugaba con la metáfora de región vacía o “desierto verde”. Lo relevante de esos antecedentes es que de algún modo esas posiciones se debilitaron en los años siguientes a medida que avanzaban las políticas ambientales, pero regresaron con el triunfo de la extrema derecha de Jair Bolsonaro. El nuevo presidente de Brasil, y los militares que le acompañan, resucitan los discursos de una región que debe ser explotada, de indígenas que deben desaparecer o ser reconvertidos en empresarios y una flexibilización de los controles ambientales clásicos. No es descabellado plantearse preguntarse si las posturas tan extremas de Bolsonaro en Brasil generan condiciones para que en los países vecinos, y entre ellos Colombia, se retome esa prédica de un militarismo sobre el territorio.
El gobierno justifica esos extremos reconocido que las actividades criminales o ilegales tienen crecientes impactos sobre el ambiente. Esa problemática no es nueva. Desde hace décadas se sabe que existen prácticas ilegales de extracción y comercialización, por ejemplo, de maderas. Pero es posiblemente el continuo avance de la minería ilegal y, en especial, la de oro, con todos sus impactos sociales y ambientales, lo que ha obligado a este movimiento. Allí aparece otra revelación muy importante: el gobierno colombiano sabe que casi toda la minería de oro que se hace en el país es ilegal. Admite que el 86 por ciento del oro extraído proviene de prácticas ilegales. Por lo tanto, todas las discusiones sobre el manejo de la minería empresarial formal de oro se convierten en eufemismos ante la gravedad de esta situación. Se reconoce que en el 44 por ciento de los municipios del país se realiza minería ilegal de oro, carbón o algún otro mineral, dejando en claro la enorme penetración territorial de este flagelo. A su vez, los grupos ilegales que operan en ese tipo de minería están a su vez en muchos casos involucrados en cultivos ilícitos, tráfico de maderas, entre otros.
Más allá de esas intenciones, toda esa intervención estará en manos de militares y policías, complementados por “ingenieros militares” y “empresas del sector”.
La lógica del Plan es promover un tránsito desde esas prácticas ilegales a otras que sean legales, apelando a medidas de control territorial, seguridad y participación del sector privado. Allí se intercala otro aspectos preocupante como es la formalización de un ordenamiento territorial a gran escala con las llamadas “Zonas Estratégicas de Intervención Integral” (ZEII). Estas zonas tienen objetivos enfocados tanto en la seguridad como en el ambiente. Serán regiones “intervenidas” por lo menos durante cinco años con la intención, según la letra del plan, de fortalecer el Estado en ellas, dando servicios sociales y protegiendo a la población civil, para permitir ese tránsito hacia explotaciones “legales” de los recursos naturales. Más allá de esas intenciones, toda esa intervención estará en manos de militares y policías, complementados por “ingenieros militares” y “empresas del sector”.
Distintos tipos de militarización han tenido lugar en países vecinos y dejan en claro los riesgos en juego. Por ejemplo, la ampliación de los servicios de inteligencia sobre la temática ambiental en Ecuador desembocó en espionaje y control sobre organizaciones ambientalistas y, en Argentina, en un programa de seguimiento de líderes locales (el conocido “Proyecto X” del gobierno Kirchner que espiaba a más de mil organizaciones ciudadanas. En esos países prevaleció el control político y social sobre los ciudadanos antes que la protección de la Naturaleza.
La participación militar y, en especial, en zonas de minería de oro y otros rubros, nada asegura, tal como lo muestran las denuncias y reportes de lo que sucede en el Arco Minero del Orinoco en Venezuela. Allí se creó una “Zona Económica Militar” donde las Fuerzas Armadas compiten contra otros grupos en el control de la minería y, según distintas denuncias, lo hacen tanto en el plano legal como ilegal. Las comunidades campesinas e indígenas quedan estranguladas entre todos esos bandos en disputa y sus territorios son arrasados.
La aplicación de controles policiales y militares sobre la minería de oro en la Amazonia. También ha sido ensayada en el sur de Perú y sus resultados han sido insignificantes. A su vez, apelar a policías militarizados para el control territorial es la medida varias veces repetida por los gobiernos chilenos en los territorios mapuches del sur del país, que lejos de apaciguar esas zonas ha generado todavía más violencia.
Teniendo presente esos factores, se observa que estamos ante una estrategia de militarización que tiene por finalidad controlar a los recursos naturales, los territorios y a sus poblaciones, donde el primer propósito que se insinúa es en realidad suplantar los emprendimientos ilegales por otros que serían legales o, al menos, no tan ilegales, ya que, nada parece indicar que mejorarán las irregularidades en evaluaciones de impacto ambiental, zonificación, control del funcionamiento, participación ciudadanía, información pública.
Dicho de forma muy esquemática, no está en juego el problema mayor que es la minería de oro, con todos sus impactos sociales y ambientales, sino que se busca reemplazarla por una minería en manos de actores empresariales formalizados y reconocidos por el Estado. De ese modo el Estado y los agrupamientos políticos que cobijan, podrán decidir quién accederá a esa minería, cuánto se cobrará en impuestos, entre otros. O, incluso, para aquellos que son escépticos dados los niveles de corrupción incluso dentro del Estado, se podría argumentar que se reemplazarán unos entramados ilegales por otros. Es por ello que son tantas las cosas que pueden salir más con esta estrategia.
Esta estrategia de seguridad podría ser interpretada como una pelea por quienes controlan los excedentes económicos de la explotación de los recursos naturales. No es una disputa sobre cómo proteger a la naturaleza o a las comunidades. Es más, otras medidas dentro del Plan así como otras iniciativas del gobierno muestran una intención de liberalizar todavía más la minería, por ejemplo.
Algunos argumentarán que la militarización de la gestión ambiental comenzó realmente con el accionar de las guerrillas y otros grupos armados y que el gobierno no tiene más remedio que reaccionar ante ellas. Hay mucho de verdad en ello y es comprensible. Incluso habrá actores locales que reclaman esa seguridad ante las amenazas y violencia que sufren, y esto también es entendible. Pero aceptar esto en un Plan de desarrollo es incorporar una lógica de la guerra también en la política ambiental. El riesgo aquí es que un gobierno finalmente termine razonando y actuando como los grupos armados, y entiende que la única solución esté centrada en ese campo. Eso no es nuevo, y en esos enfrentamientos quedan atrapadas las comunidades locales.
Es ingenuo pensar que la protección del ambiente se ganará con pelotones de soldados y policías. Más ingenuo es pensar que con ello se podrá abordar el drama de la minería de oro: ¿pondrán un soldado detrás de cada recodo de cada río? ¿un policía detrás de cada árbol?
El dinero que se utilizaría en toda esas prácticas de seguridad y militarización, debería ser encaminado en alternativas productivas para las comunidades locales atrapadas en esas prácticas
El caso del oro es posiblemente uno de los más sencillos para encaminar una alternativa postextractivista. El país debe implementar una moratoria a la exportación de oro de cualquier origen. No tiene sentido persistir en esas prácticas que, por un lado, no atienden ninguna necesidad vital contemporánea (aproximadamente el 90 por ciento del oro se utiliza con fines suntuarios o superfluos como joyas) y que deja en el país un daño ecológico y social enorme. El dinero que se utilizaría en toda esas prácticas de seguridad y militarización, debería ser encaminado en alternativas productivas para las comunidades locales atrapadas en esas prácticas. A su vez, el dinero que se ahorraría en los costos económicos de esos impactos también debería ser orientado a una reconversión productiva.
Esta propuesta de seguridad y militarización termina debilitando aún más la “política” en cualquier “política ambiental”. Lo que se propone en Colombia y lo que está sucediendo en los países vecinos, en lugar de promover el debate de ideas, la participación ciudadana y la democratización en la toma de decisiones sobre los aprovechamientos de la naturaleza es una apuesta a controles militarizados sobre los territorios y las personas, y que impactan sobre todo en campesinos e indígenas. Otra vez manteniendo el papel de nuestros países como proveedores de materias primas para la globalización. En todo esto existen enormes riesgos que deberían ser analizados en detalle.
Fuente: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/13/02/2019/la-militarizacion-de-la-naturaleza-y-los-territorios-en-colombia.
