La comunidad indígena solicitó a la relatora especial sobre los derechos humanos, Vicky Taulide, visitar de manera urgente y extraordinaria el país. También hicieron un llamado a los entes internacionales, órganos de control y organizaciones defensoras de Derechos Humanos para frenar el derramamiento de sangre contra sus comunidades.
A Constantino Ramírez Bedoya lo asesinaron el 17 de octubre en la noche, cuando se dirigía en una moto, en la vía que conduce de Calarcá al Resguardo Indígena Dachi Agore, departamento del Quindío.
Su muerte la calificaron como un “vil asesinato” y generó indignación en el pueblo indígena. Por su asesinato y el de otros líderes, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) solicitó a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Vicky Tauli, “visitar de manera urgente y extraordinaria a Colombia para que verifique la grave situación de genocidio indígena”, dice el comunicado.
De acuerdo con las cifras reveladas por la ONIC, en lo que va del mandato del presidente Iván Duque, han sido asesinados 115 indígenas, en promedio un indígena es asesinado cada cuatro días. Sin embargo, las cifras que da por ejemplo la cifra que da el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) es menor: calculan 83 asesinatos en este mismo lapso de tiempo.
Para el pueblo Emberá, el asesinato de este líder es un atentado contra la paz, y contra la pervivencia física y cultural de sus comunidades, pues Constantino era uno de los líderes más destacados del pueblo indígena Emberá en Quindío, fue ambientalista y miembro de la Junta Directiva de la Corporación Autónoma del Quindío, en la que trabajó desde hace más de 20 años.
Llamado internacional
El llamado que hace la ONIC es también a la comunidad internacional, órganos de control y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Colombia, con el fin de que ayuden de manera inmediata a “rechazar, acompañar y parar el derramamiento de sangre contra nuestros Pueblos. «Ayer como hoy, nos asesinan, masacran y sólo queda uno más para las estadísticas de esta violencia qué no termina en nuestros territorios».
Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado sobre el asesinato de Constantino. Sin embargo, en agosto la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez dijo que el Estado estaba en la obligación de proteger a la comunidad. “A nosotros nos duele cuando matan a un indígena, a un líder social, un líder comunitario, un defensor de DD.HH. Nos duele y sabemos que el Estado está en la obligación de garantizar su protección. Por eso, aquí estamos”, aseguró.
Fuente: SEMANA.
