La organización y la movilización son los principales instrumentos de lucha que tienen los pueblos y comunidades indígenas para hacer valer sus derechos, así lo plantea el coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, José David González.
Él es el ganador de este año del Premio de Derechos Humanos que entregan el Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela y la Embajada de Canadá, gracias al trabajo que viene haciendo desde hace 17 años en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
El Comité de Derechos Humanos de la Guajira contabiliza 21 casos de ajusticiamiento”por la bala del estado por la FANB”, 19 de tortura, más de 46 heridos, centenares de allanamientos y detenciones arbitrarias, por las que hasta ahora sólo han setenciado a un soldado.
Después de 17 años de movilizaciones y denuncias, González aplaudió que ya comienzan a ver los primeros frutos de su lucha, con el proceso de investigación que lleva la Fiscalía, que condujo a la exhumación de 5 personas.
El coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira agregó que la militarización de la zona desde 2010 producto del decreto que los nombró distrito militar, dejó una marcada dinámica de confrontación en la zona, y aunque en febrero de este año lograron que se derogara el decreto y se eliminaran algunos puntos de control, la condición de ser poblado fronterizo ha propiciado que se mantengan los enfrentamientos.
González apuntó que el decreto de distrito militar no acabó con el contrabando en la zona, sino que por el contrario “aumentó la muerte por un negocio de donde viven los funcionarios”.
En este marco, afirmó que “hay una única salida para exigir nuestros derechos y es la organización, de la movilización, tener claro nuestro obejrtivo como indígenas, defender nuestro territorio, nuestra identidad, nuestros usos y costumbres que son lo más sagrado que tenemos”.
Considera que la mayoría de los pueblos indígenas desconoce el marco legal que los protege y que el Estado promueve esta situación al no implementar mecanismos eficientes de divulgación y educación.
Muestra de ello dice, es la deuda del Estado en materia de demarcación indígena a 14 años del mandato de demarcación.
Apuntó también que la consulta previa se viola de manera flagrante, y que prueba de ello es el proyecto del arco minero, asegura que cuando se consulta “sólo se consulta a la minoría que piensa como el Gobierno”.
Reflexionando sobre lo que ha dejado la explotación de carbono en la guajira, González señaló que la minería deja sólo hambre, devastación y enfermedades que atacan más fuertemente a los niños.
“La explotación minera no es signo de vida para los pueblos indígenas, sino la muerte” no solo física, sino espiritual y cultural, por eso dijo que hace falta que se hagan sentir ante los organismos que tiene competencia en la materia.
