En sesión ordinaria de este jueves se agruparon la Comisiones Permanentes de Educación y la de Contraloría, integradas por los legisladores, Omer Muñoz, Leonidas González, Magdely Valbuena, Neira Lathulerie y Gerardo Antúnez, para elaborar el estudio requerido en la materia y levantar un informe sobre las acciones a emprender considerando la participación de representantes de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde), del Ministerio del Poder Popular para la educación y de la autoridad única en materia de educación en la región.
Leonidas González, presidente de la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), elevó ante la cámara legislativa el punto luego de recibir denuncias sobre los altos costos de la matrícula escolar exigida por algunas instituciones educativas privadas de la entidad, las mismas las formuló acompañado por Edgar Mujica, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, calificándolas de ilegal y “exorbitantes”.
El parlamentario González indicó que las directivas de las instituciones privadas que efectuaron los aumentos no consideraron ni consultaron en asamblea a la junta de padres y representantes.
Señaló que el tema educativo se ha añadido como una variable a la guerra económica implementada en el país. “Desde el parlamento zuliano rechazamos el cobro desmedido de la matrícula escolar ya que es ilegal. Está establecido que la educación en Venezuela es prioridad por lo que no se puede ver como una mercancía, y no es que estamos en contra de la educación privada como muchos sectores de la oposición han dado a entender, sino que estamos en defensa de los padres y representantes afectados por estos altos aumentos, así como de los niños y jóvenes en su derecho a recibir educación”.
“No existe un control de gastos que justifique dicho incremento. Están cobrando por adelantado casi al 1000% una pre inscripción, actúan de manera ilegal desconociendo la resolución del Ministerio de Educación que establece la metodología de costos y el artículo 17 sobre la facultad de la asamblea de padres y representantes para establecer dicha estructura de costos. Se excusan diciendo que los fondos van para incremento de salario de profesores, sin embargo encontramos casos donde adeudan hasta el bono de alimentación, entonces no son válidas sus justificaciones”, apuntó el parlamentario González.
Acotó que es necesario emprender acciones para que se cumpla lo establecido en la resolución 114 de Gaceta Oficial 40452 del año 2014, donde se establece lo relacionado con el incremento de los aranceles de las instituciones educativas de carácter privado.
Nota de prensa
