Las comunidades indígenas de La Guajira mantienen su calvario por la falta de agua y, con la temporada seca, el problema se ha incrementado hasta el punto que la Administración departamental tuvo que declarar la calamidad pública. El decreto 033 de la Gobernación de La Guajira reafirmó la decisión que también se apoya en los incendios forestales que se han registrado en este territorio.
Enrique Arpushana Pimienta, habitante de la ranchería El Manantial, ubicada en área rural de Riohacha, dijo que están sufriendo por la falta de agua, los jagüeyes están secos y tienen que caminar entre dos y tres kilómetros todos los días para buscar un poco del líquido para sus necesidades.
“Ha sido muy difícil, no tenemos agua para comer y nos toca ir obligatoriamente bien lejos a buscarla a pie, con carretilla o bicicleta”, dijo Enrique Arpushana.
Contó este indígena que ha sido especialmente complicado para los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Las autoridades identificaron a los municipios más afectados: Barrancas, Uribia, Riohacha, Manaure, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Distracción y La Jagua del Pilar.
Los reportes de los consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres indican que las afectaciones impactan en la población, la infraestructura, la pérdida de cultivos y la muerte de semovientes.
En total, 6.839 hectáreas han sido afectadas por los incendios forestales en toda La Guajira y, para contrarrestar el desabastecimiento de agua, se han entregado en los primeros tres meses del año 11 mil litros.
El gobernador encargado Wilson Rojas Vanegas informó que se activó el puesto de mando unificado para hacer un constante monitoreo y validación de las afectaciones que se están presentando, y coordinar los servicios de respuesta que dependen del reporte diario de cada uno de los coordinadores de Gestión del Riesgo.
También se decretó la aplicación de un plan de acción, bajo la ejecución del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Este lo elaborará con los reportes municipales y tendrá el visto bueno de la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria, que entregará los resultados al despacho del gobernador y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Mediante esta declaratoria el plan de acción debe estar aprobado en 30 días, el cual se le aplicará el Régimen Especial para Situaciones de Desastres y de Calamidad Pública consignado en la Ley 1323.
La Administración departamental expidió el Decreto 034 de 2019, en el cual quedó consignado que la calamidad también es declarada para seguir atendiendo las acciones de ayuda humanitaria a ciudadanos venezolanos en la frontera, debido a la constante migración que se registra.
Esto será por el término de seis meses después de su publicación. El gobernador encargado, Wilson Rojas, dijo que la situación humanitaria compleja, aumentada con la llegada de venezolanos y retornados, sumó para atender esta situación excepcional. Cumplido este plazo, el mandatario departamental decretará el retorno a la normalidad o hará una prórroga de la situación.
Vía: El Heraldo.
