El pueblo Bari ha sido víctima individual y colectivamente de múltiples daños y afectaciones en el marco del conflicto armado interno, generándose afectaciones a la autonomía territorial, al ejercicio del gobierno y a la justicia propia, a nuestra cultura y cosmovisión, a la vida e integridad física y cultural de comunidades y autoridades, a la seguridad alimentaria, a la libertad de locomoción, entre otras afectaciones, que han puesto en riesgo la pervivencia física y cultural de nuestro pueblo en el territorio colectivo.
Como consecuencia de lo anterior la Unidad para las Victimas inicio en el 2014 el proceso para el registro del Resguardo Motilón Bari como sujeto de reparación colectiva. A partir de ese momento nuestras autoridades y líderes hemos participado en todos los trabajos que la unidad ha programado tales como: I) el ejercicio de la cartografía social, II) línea de tiempo, III) asamblea con las autoridades, entre otras.
El 21 de septiembre de 2015, la UARIV inscribió en el RUV el sujeto de reparación colectiva. En mayo de 2016 se realizó la asamblea comunitaria de alistamiento, y el 6 y 7 de diciembre de 2016 se instaló el proceso de consulta previa para construir el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC).
Las Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari – ÑATUBAIYIBARI, vienen realizando procesos de socialización, dando estricto cumplimiento al Auto 266 de 2017 emanada por la Honorable Corte Constitucional, sobre la caracterización de daños de reparación colectiva e individual del Pueblo Bari y el levantamiento de estado de diagnóstico participativo de reparación colectiva e individual como Plan Integral de Reparación Colectivo (PIRC), por este motivo las Autoridades Tradicionales hacen un pronunciamiento a la opinión pública, dando a conocer EL INCUMPLIMIENTO Y LA FALTA DE GARANTÍA por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Victimas (UARIV).
Cabe resaltar, que no hay voluntad por parte de esta Institución y las condiciones mínimas para el cumplimiento del decreto 4633 del 2011 y el auto 266 de 2017, considerando así, a todas las instituciones de Derechos Humanos como; al Procurador General de la Nación, Defensoría del Pueblo, la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, al Contralor General de la República para que adopte las decisiones que considere pertinentes, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado.
Así mismo damos a conocer el presente comunicado a la comisión de seguimiento a la política pública sobre el desplazamiento forzado, al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y al Consejo Noruego para Refugiados, para que continúe con su labor de seguimiento, y a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y a toda la sociedad civil.
Como se puede observar han transcurrido cinco (5) años del inicio de este proceso con la Unidad para las Víctimas, sin que se haya iniciado el diagnostico de daños y afectaciones como componente del PIRC.
En estas condiciones denunciamos ante la opinión pública que no hay garantía alguna por parte de la Unidad para el cumplimiento de los acuerdos con el Resguardo Motilón Bari para la construcción, aprobación e implementación del plan.
Se suscribe el presente comunicado en Tibú, el día 19 de Junio de 2019, para ser difundido en medios de comunicación y a la comunidad en General.
Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí.
Fuente: Onic.
