Por José Díaz / Servindi
En México, se abrió una discusión pública las últimas semanas que involucró directamente a los pueblos indígenas. Se trata de la propuesta de invertir los bienes incautados al narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán, en ofrecer servicios a los pueblos originarios que habitan en el país.
La propuesta, según una versión inicialmente difundida por medios de México, la habría realizado el propio narcotraficante quien afronta un juicio en los Estados Unidos.
El tema causó más revuelo cuando el propio presidente de México, Andrés López Obrador señaló estar de acuerdo con usar el dinero del narcotraficante en apoyar proyectos de los pueblos indígenas. “Para qué les digo que no, si sí me gusta”, dijo el mandatario mexicano en una conferencia de prensa.
Los indígenas exigen
El tema adquirió mayor seriedad cuando representantes de comunidades indígenas de Oaxaca, Sonora, Guerrero, Querétaro, Puebla, Chihuahua, Chiapas y Nayarit enviaron al mandatario mexicano una carta solicitando que se proceda a invertir el dinero del «Chapo» Guzmán en sus proyectos locales. Según los medios que cubren el juicio contra el narcotraficante, el monto oscila alrededor de los US$ 1,000 millones.
En la carta, los propios pueblos indígenas solicitaron el dinero para la construcción de universidades interculturales que incluyesen sus distintas cosmovisiones en los currículos. Sin embargo, la ilusión de las comunidades originarias de México duró pocos días.
Pedido desestimado
Lo que inicialmente pareció ser una esperanza para los pueblos indígenas de México terminó como una gran decepción. Esto luego de que los abogados José Luis Gonzáles Meza y Juan Pablo Badillo, quienes representaban al «Chapo» Guzmán hasta hace poco y quienes habían difundido esta noticia como una “voluntad expresa” de su propio patrocinado, fueron retirados del juicio.
Poco después de conocerse esta noticia, la propia familia del narcotraficante condenado a cadena perpetua en los EE.UU., desconoció a Gonzáles y a Badillo como representantes legales del «Chapo» Guzmán.
A eso se le debe sumar que, tras la incertidumbre generada por la propia defensa del «Chapo» Guzmán, diversas comunidades indígenas cambiaran de opinión sobre la recepción de este dinero. En un reciente congreso indígena celebrado en Oaxaca, donde muchos colectivos nativos rechazaron su interés en acceder a dicha fortuna.
Lo que en algún momento causó ilusión en algunos grupos indígenas mexicanos, quienes vieron en esta inversión una posibilidad de reparación histórica aún postergada por el Gobierno de México, se convirtió pronto en una gran decepción.
