Instituciones de derechos humanos en América Latina hicieron un llamado para proteger a las mujeres, garantizar su derecho a la protesta y su participación en los movimientos feministas.
Conforme incrementa la participación de las mujeres en manifestaciones por la igualdad de género, aumentan los casos de represión por fuerzas del orden. El entorno virtual, también se presenta como un espacio de vulnerabilidad.
Ante estas afectaciones a las que están expuestas las mujeres en el ejercicio de la defensa de sus derechos, es necesario que los Estados garanticen su protección con un enfoque diferenciado.
Así lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos).
Entorno hostil
En el comunicado de prensa que emitieron en conjunto la CIDH, RELE y ONU Derechos Humanos el 22 de julio, las instituciones señalaron su preocupación por las afectaciones hacia las mujeres que defienden sus derechos.
Si bien se observó una mayor participación de mujeres en manifestaciones de la región, este aspecto ha ido acompañado de medidas de represión que no se ajustan a estándares de derechos humanos.
Entre otras situaciones, las instituciones han registrado casos de uso excesivo de la fuerza, criminalización, amenazas, detenciones arbitrarias, atentados contra la vida y violencia sexual contra mujeres que participaban en protestas feministas.
Por otro lado, aunque las restricciones por la pandemia trasladaron muchas manifestaciones a espacios virtuales, la CIDH, RELE y ONU Derechos Humanos registran la intervención de estas plataformas para ejercer abusos contra mujeres defensoras.
Vulnerabilidades específicas
Las instituciones explican que se genera un “impacto diferenciado y desproporcionado” en los ataques a mujeres, niñas y adolescentes, en la medida que las violencias ejercidas contra ellas están dirigidas por su condición de género.
Además subrayan la especial vulnerabilidad de mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, refugiadas y migrantes, así como las que defienden derechos de la población LGBTI+, derechos sexuales y reproductivos o el medio ambiente.
Por estas razones, exhortan a los Estados a que garanticen el derecho a la protesta de las mujeres y, a la vez, investiguen actos de violencia contra ellas con un enfoque de género.
La invocación de la CIDH, RELE y ONU Derechos Humanos también va dirigida a que se desarrollen políticas para erradicar la discriminación de género enraizada en la estructura de las sociedades.
