La Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda con la que reclama más de 500 mil hectáreas de tierra a favor de 15 pueblos indígenas ubicados en Guaviare y Vaupés.
El objetivo es restablecer los derechos territoriales de las comunidades indígenas configuradas poblacionalmente por 15 pueblos amazónicos: Cubeo, Tucano, Desano, Tuyuca, Tatuyo, Wanano, Carapano, Piratapuyo, Tariano, Makuna, Siriano, Makú, Jiw, Yurutí y Bará, dijo Andrés Castro Forero, director de la Unidad de Restitución de Tierras.
La demanda fue instaurada ante los jueces especializados en restitución de tierras del Meta, confirmó el director general de la Unidad, Andrés Castro, quien estuvo acompañado de la responsable de la Dirección de Asuntos Étnicos de la entidad, Sally Mahecha; del director territorial de la Unidad en Bogotá, Rossvan Blanco y del gobernador indígena, Adriano Rodríguez Rodríguez.
“Se presentó una demanda étnica con la que se busca restituir los derechos territoriales en favor de las 15 pueblos indígenas que hacen parte del resguardo Arará, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú, ubicado en los municipios de Carurú (Vaupés) y Miraflores (Guaviare)”, dijo el funcionario.
Explicó que el resguardo abarca un área de aproximadamente 264.800 hectáreas de tierra, así como los territorios solicitados en ampliación que ocupan 242.100 hectáreas.
“Las afectaciones territoriales identificadas por la Unidad durante la etapa de caracterización motivan la presentación de la demanda”, agregó.
Con la demanda se busca lograr que la comunidad involucrada pueda acceder a su derecho fundamental a la restitución y hacer goce efectivo de su territorio ancestral de acuerdo a la cultura, cosmovisión y formas de organización propias.
Dijo el funcionario nacional que algunas de las afectaciones de la violencia en la zona tuvieron un impacto sociocultural en las comunidades indígenas.
Según se explicó la proliferación de cultivos ilícitos, los procesos conexos a estas actividades de narcotráfico, la minería ilícita, la siembra de minas antipersona y los continuos enfrentamientos entre grupos armados ilegales para controlar el territorio generaron consecuencias ambientales, a la autonomía y al gobierno propio, así como violaciones a los derechos humanos.
“La presentación de esta demanda representa un caso emblemático que conduce a la reparación histórica de comunidades indígenasdel suroriente del país”, afirmó el director Castro.
El resguardo se encuentra ubicado en una zona de especial protección ambiental y étnica como lo es la Amazonia.
La demanda es realizada como resultado de una caracterización que adelantó la Unidad, en convenio con la FAO y en respuesta a una solicitud de inscripción en el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente,realizada por las autoridades indígenas del Resguardo.
También se busca la adopción de las medidas de atención y asistencia humanitaria; la implementación de actividades de acción integral contra minas antipersona; la realización sostenible de brigadas de atención en salud; la garantía de derecho a la consulta previa, recuperación de sus prácticas culturales y el fortalecimiento del gobierno propio; la ampliación del resguardo; y la documentación de los hechos victimizantes sucedidos por las acciones de grupos delincuenciales, entre otras pretensiones.
